Luisa, la Maricarmen de Cangas: «A ver si acaba este calvario»

L.C.LL CANGAS / LA VOZ

CANGAS

Luis Carlos Llera

La mujer de 71 años cobra 600 euros de pensión y paga 400 de renta. Los herederos de la propietaria quieren echarla para vender el piso donde vive desde hace 18 años

06 oct 2026 . Actualizado a las 00:30 h.

Camina ligeramente encorvada. Arrastra un andador subiendo la empinada cuesta de la avenida de Moaña. Luisa se detiene cada pocos metros para tomar aire. Tiene 71 años y problemas de salud. Se enfrenta a un desahucio. Es la Maricarmen de Cangas.

La silla que le sirve para descansar va cargada con la compra. El andador con las bolsas pesa mucho y Luisa lo empuja casi arrastrándose. No puede caminar bien: «Me dieron un empujón y me caí. Antes de Semana Santa me operaron de la cadera». Las dificultades para moverse son visibles. Está desahuciada por sentencia judicial y lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados ha sido un bofetón para ella. Lamenta el voto de Junts para evitar desahucios de personas vulnerables como ella: «Tenía alguna esperanza pero los catalanes van a lo suyo», cuenta. Tiene que pedir ayuda para subir las escaleras de su vivienda. La silla pesa mucho y lo que lleva sobre ella, más. «Los vecinos me ayudan», cuenta. Uno de ellos le lanza un ofrecimiento: «Si te quedas sin casa, puedes venir a la mía, tengo una habitación disponible», la invita.

Luisa trabajó en el negocio de su familia y ahora, jubilada, cobra una pensión de 600 euros y paga 400 de renta. Reside desde hace 18 años en un piso que alquiló en el centro de Cangas a una mujer de Madrid. «Murió la propietaria y los sobrinos heredaron el piso, y quieren venderlo. Llevamos tres años con esto y ha habido una sentencia en mi contra. No hay viviendas disponibles y no me quieren alquilar. Me han ofrecido un piso, pero vale 600 euros de renta». «A ver si acaba este calvario», dice después de muchas noches con ansiedad sin poder dormir. Un abogado de oficio va a intentar paralizar el desahucio previsto para el 23 de octubre.

El pasado 24 de septiembre, solo un día después de que estallara el caso Maricarmen en Madrid, la concejala de Alternativa dos Veciños (AV) Victoria Portas advirtió en el pleno municipal al gobierno tripartito de Cangas (BNG-PSOE-EU) sobre la penosa situación que atravesaba esta vecina amenazada de desahucio. En el turno de ruegos y preguntas, la exalcaldesa de la localidad expresó su preocupación. «Está soa e non ten onde ir», indicó, al tiempo pedía que se le facilitase una de las viviendas del Concello para emergencias sociales que está sin ocupar en la conocida como Casa dos Pobres. Diez días después, el problema no se ha solucionado y del piso municipal nada se ha vuelto a saber.

En un primer momento, los servicios sociales del Ayuntamiento le ofrecieron a la vecina trasladarse a una residencia de mayores. El Partido Popular de Cangas considera especialmente grave que la única reacción del Concello se haya producido después de que el caso trascendiera públicamente. La formación asegura que solo entonces fue cuando la alcaldesa del BNG, Araceli Gestido, dijo que estaban dispuestos a buscar alternativas para evitar el desahucio, como encontrar un piso en alquiler y ayudar con la fianza o facilitarle la vivienda municipal vacía una vez que se reparen las averías (sin precisar) que al parecer sufre.

La mujer de 71 años cobra 600 euros de pensión y cobra 400 de renta. Los herederos de la propietaria quieren echarla a la calle para vender el piso donde vive desde hace 18 años