«Aquí están nuestros ahorros y nuestra vida», dicen tras la resolución de la APLU
07 dic 2021 . Actualizado a las 00:00 h.La Axencia Galega da Legalidade Urbanística (APLU) le da tres meses a una familia de Cangas para que derribe la casa en la que viven desde hace 25 años y cuya hipoteca acabaron de pagar aún en septiembre. La Xunta ha rechazado las alegaciones que presentaron Rosa María Fernández y su marido a los dos escritos que les enviaron con anterioridad tras una primera inspección en el año 2019. Su pesadilla comenzó entonces y, de nuevo, antes de Navidad llega una resolución que les pone contra las cuerdas. «Esta situación nos está minando física y mentalmente. Nos está costando la salud y no tenemos tampoco ninguna alternativa de realojo porque aquí están todos nuestros ahorros y nuestra vida», explica Rosa María Fernández.
El 2 de noviembre recibieron la última notificación. La APLU les da de plazo hasta el 3 de febrero para derribar su propia casa, en Nerga. Después se exponen a multas coercitivas. La familia ya ha presentado un recurso de reposición y, según el compromiso que hace unos meses dio su director, Jacobo Hortas, a la alcaldesa, Victoria Portas, la APLU no impondrá esas medidas de ejecución forzoso mientras haya posibilidad de recurso. Ahora han acudido al de reposición y aún les quedaría la del contencioso-administrativo, pero lejos de ver luz al final de esta «pesadilla», acusan el agotamiento tras dos años de «angustia».
«Jamás pensamos que pudiera haber ninguna irregularidad, pero, a mediados de diciembre del 2019, recibimos una carta de la APLU informándonos de que se iba a investigar la legalidad de nuestra vivienda porque, según ellos, ocupa un espacio de servidumbre y protección», recuerda Rosa María Fernández. La APLU considera que está en la línea de afección de Costas y que no tiene licencia municipal, pero la familia aporta este documento, fechado en 1995. Recuerdan que ellos solicitaron licencia en 1991, cuando había una gestora al frente del municipio y por lo tanto no se daban permisos. «Vino el inspector de obras del Concello, nos dijo que siguiéramos con la construcción y en 1995, cuando dieron la licencia, el técnico del Concello nos certificó que la casa se ajustaba a los planos», explica Rosa María. Indican que, desde entonces y, pagando religiosamente su hipoteca, hasta justo septiembre del año pasado, mes en el que la saldaban tras 25 años, les notificaron la investigación. «Un técnico dice en el 2019 que hay una variación de los planos por unos metros que estarían en la zona de protección cuando en 1995 el técnico del Concello certificó que la casa se ajustaba a la licencia. Es totalmente injusto, si de aquella nos hubieran advertido de cualquier irregularidad o no nos hubieran dado el permiso, ni habríamos terminado la casa», lamenta Rosa María Fernández.
«Es lo único que tenemos, no tenemos adónde ir ni los 70.000 euros del derribo», explica la afectada. Centenares de personas arroparon a la familia y participaron en una concentración en julio para reclamar una solución. La alcaldesa, Victoria Portas, también se reunió con la Axencia en busca de alternativas.