Las restricciones en las playas de Cangas a foráneos son populistas para el PP y precipitadas para el BNG

Los nacionalistas creen que hay discriminación, porque a algunos arenales sí se puede acceder


Cangas / La Voz

La decisión de restringir los accesos en coche a las playas de Cangas con excepción de vecinos y residentes de segunda vivienda suscita dudas jurídicas entre los grupos de la oposición. El más reticente es el PP, que está a la espera de que el secretario municipal le informe sobre la legalidad de la medida. El gobierno local está integrado por Alternativa Canguesa de Esquerdas, a la que pertenece el alcalde Xosé Manuel Pazos, y el PSOE, que advierte de la necesidad de prevenir un rebrote.

«No discutimos el tema del aforo en las playas, porque lo primero es la salud, pero no se pueden esconder medidas populistas de dudosa aplicación y legalidad. No se puede discriminar por empadronamiento. Si preocupa la salud, habrá que controlar el número de personas en las playas, que aún están sin balizas y sin socorristas», indica José Enrique Sotelo, portavoz popular.

El BNG solicitó una reunión para consensuar el tema y le informaron cuando estaba decidido. En opinión de la portavoz Mercedes Giráldez, la decisión fue un poco precipitada: «Hai que priorizar a saúde, as restricións de tráfico estarían ben se non incorreran en discriminación, porque hai praias que teñen acceso libre e outras que non». Otro detalle que echa en falta son los aparcamientos disuasorios para evitar el colapso de vehículos donde se prohíbe continuar. También hubiera preferido que se llegara a acuerdos con la Diputación en el caso de las carreteras provinciales. «Imos ver como funciona, porque hai brotes e é necesario tomar precaucións», añade.

Ánxela Vizoso, del grupo de izquierdas Avante, cree que la iniciativa del Concello no cumple las expectativas generadas. «É urxente adoptar medidas que eviten os embotellamentos, e as accións deste ano deben ser anticipo do futuro plan de mobilidade», dice. Solicita informes jurídicos que avalen las medidas y advierte que no se debe favorecer a propietarios de viviendas ilegales. Apuesta por alternativas de transporte colectivo y aparcamientos disuasorios públicos.

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