La deuda de los concellos gallegos se desploma: la más baja en 25 años

Los vecinos de la comarca de O Morrazo tendrían que dedicar cinco años de renta a liquidar su parte de la deuda pública, mientras que los de Oleiros apenas necesitarían ocho meses


Redacción / La Voz

Lo notan las empresas, lo notan (con menos alegría) los trabajadores, pero también el erario. El fin de la crisis ha ayudado a sanear las arcas de las Administraciones, ya que a las restricciones en el gasto que arrastran desde hace años (algunas draconianas, como las impuestas a los ayuntamientos) se une una mejora de los ingresos tributarios por la mayor actividad económica.

Un reequilibrio de las cuentas públicas que certificó, hace pocos días, el Ministerio de Hacienda, con la publicación de los datos de deuda de los ayuntamientos y otras entidades locales, como las diputaciones o las mancomunidades, que el año pasado se redujo un 11%, hasta los 25.779 millones de euros. Si la cifra absoluta es la más baja desde el 2005, en plena burbuja económica, la proporción respecto al PIB, del 2,1 %, está en niveles de hace un cuarto de siglo.

De hecho, tras el tijeretazo del último ejercicio (superior a los 3.100 millones), las obligaciones pendientes de pago de estos organismos ya son inferiores a los fondos que tienen depositados en los bancos, que rozan los 27.000 millones.

En Galicia, ayuntamientos y diputaciones se han apretado todavía más el cinturón y redujeron su deuda global en un 25 % el ejercicio pasado, hasta los 215,5 millones, lo que arroja una media de apenas 93 euros por habitante. Claro que, como todas las medias, esconde realidades muy dispares. Porque si en la actualidad la mitad de los concellos de la comunidad ya no tienen ninguna cuenta pendiente con las entidades financieras, y en otro centenar las que existen son más que asumibles (no tocan ni a 200 euros por vecino), todavía quedan ayuntamientos que arrastran las consecuencias de pelotazos urbanísticos y proyectos megalómanos que supusieron un derroche inasumible para las arcas municipales. Es el caso del municipio ourensano de Os Blancos, donde cada uno de los 809 vecinos tendría que desembolsar 4.800 euros para enjugar toda la deuda de su consistorio, ejemplo de los desmanes en el control de las finanzas públicas y que tuvo que ser sometido a la intervención financiera de la Diputación para hacer frente a su crítica situación económica, que vino acompañada de un declive demográfico por la sangría de población del municipio. Pero también del de Miño, donde la indigestión de la macrourbanización promovida en su día por la casi extinta Fadesa ha pasado una factura que asciende a más de 2.300 euros por vecino y que ha obligado a recurrir a dos préstamos del Estado para hacer frente a sus obligaciones (que llegaron a triplicar el presupuesto municipal anual) sin caer en la bancarrota.

Pero la municipal es solo una parte de la losa que, de forma silenciosa, soportan sobre sus espaldas los contribuyentes gallegos. Y que, en algunos casos, tiene cifras casi de hipoteca. Que se lo digan si no a los vecinos de la comarca de O Morrazo, los de Cangas, Moaña y Bueu, que en caso de un reparto equitativo de la deuda tendrían que hacer frente a pagos de más de 112.000 euros por cabeza. Porque a la carga que tiene cualquier gallego por el mero hecho de serlo (casi 22.900 euros correspondientes al pasivo del Estado y otros 4.300 por el de la Xunta) hay que sumar los casi 12.400 euros a los que tocan los habitantes de la provincia de Pontevedra por las obligaciones pendientes de su diputación con los bancos y, la parte del león, que en su caso deriva del descontrol financiero en la mancomunidad de O Morrazo, que pese a los ajustes acumula 4,2 millones de euros pendientes de pago. O, lo que es lo mismo, más de 72.600 euros por cada vecino de los tres concellos que la componen.

Tras ellos, y a mucha distancia, se sitúan los concellos de la mancomunidad de O Carballiño (la segunda que más deuda acumula en Galicia, y formada por los ayuntamientos de Beariz, Boborás, O Irixo, Leiro, Maside, Punxín, San Amaro y San Cristovo de Cea), con una deuda por habitante que frisa los 59.000 euros. Más de un tercio de esa cifra corresponde a la fuerte carga financiera de la Diputación, que debe más de 20.500 euros por cada vecino de la provincia (en Lugo y Pontevedra, son algo más de 12.000, mientras que la de A Coruña fue la primera de España en dejar el contador a cero).

Si la losa de deuda sobre los vecinos de Cangas multiplica por cuatro la que soportan en los 56 concellos gallegos con menos cuentas pendientes con los bancos (todos ellos coruñeses), las diferencias se acentúan más cuando se introduce en la ecuación la renta de cada municipio, que determina el esfuerzo que tendrían que hacer los vecinos de cada ayuntamiento para afrontar todos los pagos pendientes. Tomando como referencia la información de la Agencia Tributaria, serían los oleirenses los que más fácil lo tendrían: apenas tendrían que destinar ocho meses de su renta. A ello contribuye no solo que su municipio está en el grupo de los menos endeudados, sino también que los ingresos per cápita son los mayores de toda Galicia, por encima de los 40.000 euros de media al año (gracias a la concentración de grandes fortunas en el municipio). Solo otros cuatro ayuntamientos (A Coruña, Santiago, Bergondo y As Pontes) tienen una tasa de esfuerzo inferior al año, que contrasta con los más de cinco años de renta que deberían destinar íntegros en Moaña y Cangas para dejar el contador a cero.

Reparto desigual del ajuste

Mientras la deuda pública sigue creciendo, muchos expertos advierten de que España está desaprovechando los vientos de cola para desapalancarse, como han hecho las familias, y evitar riesgos de que una recaída en otra crisis dificulte los pagos a los acreedores. Para Patricio Sánchez, profesor de Economía Financiera de la Universidade de Vigo y subdirector del Foro Económico de Galicia, el debate no está tanto ahí como en el reparto del ajuste. «La auténtica crítica es que los esfuerzos para gastar menos no son simétricos, porque se ha sometido a una gran exigencia a los ayuntamientos mientras que con otras administraciones (o administraciones paralelas) se ha sido más indulgente», señala el experto, que no duda en señalar que medidas como la regla de gasto y otros límites al gasto de los ayuntamientos no han hecho sino contribuir a su «asfixia». Es decir, que se ha obligado a las entidades locales, las más próximas al ciudadano y de las que dependen muchos de los servicios que garantizan su bienestar diario, a adelgazar más de lo que les correspondía para así ajustar las cifras macro (situándolos en muchos casos en superávit), permitiendo sin embargo ciertos excesos en otros estratos, como el autonómico o el estatal.

Orillando el debate de cómo se han repartido las cargas de la crisis, Sánchez sí concede que hay margen para un mayor esfuerzo en la reducción de la deuda, aunque tampoco ve en el horizonte el riesgo de que el servicio de la misma (el dinero que destina el Estado a su pago, que ahora es asumible porque los intereses están en mínimos) se dispare. Pero sí podría subir. La clave, apunta, está en Fráncfort. En concreto, en cómo reaccionen los mercados ante el relevo de Mario Draghi al frente del BCE y al recorte progresivo de los programas de compra de deuda, que de momento mantienen anestesiadas las primas de riesgo.

Conoce nuestra newsletter con toda la actualidad de Vigo

Hemos creado para ti una selección de noticias de la ciudad y su área metropolitana para que las recibas en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.

Votación
4 votos
Comentarios

La deuda de los concellos gallegos se desploma: la más baja en 25 años