Los mercadillos reabrieron en agosto tras diez meses de clausura por actos violentos
09 dic 2016 . Actualizado a las 07:47 h.El conflicto violento que enfrentó a colectivos de vendedores ambulantes de la provincia ya es historia. La etapa de tranquilidad que atraviesa el sector está permitiendo normalizar la situación en los dos mercadillos ambulantes de la ciudad: Coia los miércoles y Bouzas cada domingo. Los datos de las últimas ferias celebradas confirman que poco a poco se va a ampliando el número de autorizaciones y de puestos instalados, aunque todavía no se ha completado el aforo previsto por el Concello.
La situación a comienzos de diciembre es muy diferente a la vivida en agosto pasado, cuando el gobierno local autorizó su reapertura tras un prolongado cierre y después del encarcelamiento del clan de los morones. La clausura se produjo en octubre del 2015 tras el impacto generado por un tiroteo en la circunvalación VG-20. El enfrentamiento entre clanes provocó que se disparara contra una furgoneta de vendedores. Aunque no hubo heridos, las autoridades consideraron que era el momento de intervenir. Previamente se habían producido incidentes de menor entidad en municipios vecinos, caso de Cangas, pero solo Vigo consideró que no se daban las circunstancias para mantener los populares mercadillos.
En estos cuatro meses de actividad se ha disparado la cifra de autorizaciones para instalar los puestos, que en el caso de Coia alcanzan ya el 90 % del espacio disponible. El departamento municipal de Comercio estableció un máximo de 125 vendedores y ya ha concedido 109 permisos, un 87 %. Pese a ello, lo habitual es que no todos se instalen y las últimas cifras constatan la presencia de 80. Aunque todavía hay margen, suponen más del doble de los que se instalaron en agosto en el momento de la reapertura.
Crecimiento
En Bouzas hay más vendedores que en Coia, pero el espacio es también mucho mayor. El Concello ha ofertado 241 puestos y hasta ahora ha concedido 140 autorizaciones (58 %). Como en Coia, no todos acuden cada domingo. Por ejemplo, el último fueron 96, lo que deja un amplio margen, pero siempre con tendencia al incremento. Así, siete días antes fueron solo 88 pero en agosto, al reabrirse, aproximadamente la mitad.
En este contexto, todo hace indicar que el proceso de normalización avanza con rapidez. De una parte, por el crecimiento en la cifra de ambulantes que acude cada semana. También, y no menos importante, por el hecho de que en estos cuatro meses no se ha producido incidente alguno.
Ahora puede parecer algo sin demasiada importancia, pero en agosto las autoridades no las tenían todas consigo. La prueba fue el dispositivo policial que acompañó el regreso a la actividad. Agentes de la brigada especial de la Policía Local, el GOA, y un fuerte dispositivo del Cuerpo Nacional de Policía vigilaron su celebración en previsión de incidentes. Y no solo eso. El Concello contrató vigilantes privados para controlar que solo instalaran sus puestos aquellos vendedores que habían recibido autorización.
El dispositivo se ha demostrado eficaz y un cambio completo con el sistema que funcionaba hasta ahora. Una asociación repartía los espacios y se encargaba de cobrar por el espacio, sin que el Concello ni la Autoridad Portuaria (titular del espacio de Bouzas) intervinieran en un proceso de dudosa legalidad.
Rebaja de tasas y la promesa de una nueva ordenanza
No había transcurrido un mes desde la reapertura de los mercadillos cuando el Concello decidió incentivar la participación de vendedores con un sensible recorte de la tasa por instalar los puestos. En el caso de Coia, la tarifa pasó de 1,4 euros el metro cuadrado a solo 1 (casi el 30 % menos) y en Bouzas de 2,05 también a 1 (cerca del 50 % de ahorro). La medida fue muy bien recibida por los afectados, aunque reclamaron que se les trate como a las terrazas de hostelería, que se instalan casi gratuitamente.
Mientras se desarrolla un aumento progresivo de vendedores y actividad, el sector está a la espera de que el Concello cumpla su promesa (como la rebaja económica, anunciada directamente por el alcalde) de promulgar una nueva ordenanza. Caballero aseguró en agosto que estaba muy avanzada su redacción y que estaría lista en cuatro meses, o sea, antes de que finalice 2016.