Las autoridades judiciales de las islas Malvinas investigan la desaparición de 23 de los 29 paquetes, con un kilo de cocaína cada uno, que se encontraban en dependencias policiales y que habían sido incautados a los marineros de Cangas Rogelio Currás Pastoriza, de 41 años, y Jesús Carballo Martínez, de 26, el pasado 30 de octubre.
Según la policía de la colonia británica, los dos tripulantes habían escondido en sus camarotes, a bordo del buque congelador Venturer, unos treinta kilos de droga. Tras su detención, Jesús Carballo confesó que la habían adquirido en un prostíbulo de Montevideo con intención de revenderla en España. La cocaína intervenida tiene en el mercado negro europeo un valor de 1,48 millones de euros, una cantidad muy elevada, por lo que las autoridades judiciales de las Malvinas no creyeron su versión y piensan que ambas personas forman parte de un entramado más potente, ya que nadie entrega tanta cantidad de droga en un club de alterne a unos desconocidos.
Los dos marineros fueron retenidos en un calabozo de la comisaría de Port Stanley, una localidad de apenas 2.500 habitantes, capital de las islas. La droga se custodiaba en el arsenal, cerrado con dos llaves, próximo a la celda donde se encontraban los dos presos porque la comisaría está en obras de reforma. La desaparición de la droga no se descubrió de un día para otro porque el cuarto del armamento estuvo durante un tiempo sin abrirse.
Investigan al jefe de la policía
Durante la noche, a los presos se les permitía el acceso al baño y a la cocina situados en un corredor. Rogelio Currás, según la Fiscalía, habría descubierto que la droga se guardaba en una habitación que tenía una amplia rendija por debajo -como algunos baños-. Según el fiscal, introduciendo la mano por la abertura, al pie de la puerta de la habitación donde se almacenaba la cocaína, Currás Pastoriza pudo sustraer 23 paquetes de droga en tres o cuatro días sin despertar sospechas. Tras el descubrimiento, Currás se declaró inocente ante el tribunal de los tres delitos de los cuales se le acusa: la importación de la droga, la obstrucción al proceso judicial, al destruir pruebas, y el hurto de la cocaína.
La Fiscalía ha manejado la hipótesis de que la droga haya sido arrojada por el retrete o que fuese sacada al exterior de alguna manera y, finalmente, transportada a Europa.
Ante la gravedad de los hechos, el administrador ejecutivo del Gobierno de las islas, Tim Thorogood, ha encargado una investigación independiente a la magistrada inglesa Alison Thompson, que se ha desplazado a las Malvinas.
El propósito de la investigación es indagar los hechos y establecer si existen elementos suficientes o no para realizar formalmente alguna acusación disciplinaria contra el jefe de policía de las islas Malvinas, Paul Elliot.