Recién inaugurado y cerrado por unos metros

El empresario Miguel García regenta La Molinera en A Ramallosa junto al río Miñor


vigo / La Voz

El empresario Miguel García se hizo cargo del restaurante La Molinera de A Ramallosa el pasado 1 de octubre tras una inversión muy potente de medio millón de euros. Creó una nueva sociedad y la nueva gerencia se hizo cargo de un local que en el verano llega a tener hasta 500 comensales diarios. Un mes después de la apertura se vio obligado a cerrar por el decreto de la Xunta. El restaurante está situado a la orilla del río Miñor y tiene 15 empleados a su cargo y no se sabe si va a poder reabrir sus puertas. En su caso la ubicación le ha perjudicado de forma sangrante por el confinamiento. Solo hay que cruzar el puente de apenas 30 metros y se puede ir a algún local de Baiona que sí tienen permiso para abrir en este mes. Así que el cauce del río se ha convertido en una nueva frontera de la ley seca y gastronómica impuesta por el Ejecutivo autonómico. En este caso la mayoría de los ciudadanos son conscientes de la gravedad de la situación y no cruzan las líneas de la delimitación por municipios.

«El equipo que había antes se quedó conmigo, salvo alguna baja y alguna incorporación nueva. Es un grupo de 15 personas porque el restaurante es uno de los que tienen más facturación de la provincia de Pontevedra», explica el empresario desde Sanxenxo.

Aunque muchos establecimientos han decidido mantenerse abiertos con un poco de personal y atender los pedidos a domicilio en este caso no les compensa porque «solo levantar la persiana supone un gasto diario de mil euros. Estamos cerrados porque la estructura es demasiado grande».

En la plantilla del establecimiento, además de los 15 empleados directos, hay subcontratas de tres o cuatro trabajadores más. García cuenta que dada la legislación se vio obligado a pedir un ERTE impeditivo pero el Real Decreto del 17 de marzo dice que los trabajadores contratados después de esa fecha no tienen derecho a las prestaciones así que hay ocho empleados que reciben subsidio del Estado y otros siete que no lo cobran. Y no es culpa del empresario sino del marco legislativo. «Lo estoy pasando mal por mis empleados porque no tienen otro medio para vivir, pero los políticos han hecho unas normas sin tener en cuenta estas situaciones», asegura García.

De su trabajo depende de numerosos proveedores porque solo los encargos de pescado fresco pueden sumar en épocas altas 5.000 euros. Con el cierre no podido congelar el pescado porque «no queremos alterar la calidad». «Algunos carnes si hemos podido congelarlas», añade el hostelero que también es distribuidor.

El empresario ve negro el panorama porque el 50 % de la clientela habitual procede de Vigo y mientras los vigueses sigan sin poder salir a comer y cenar fuera de sus casa no se v a recuperar el sector. Es lo que le pasa también a otros restaurantes del entorno de la metrópoli, como el Rocamar. Con las restricciones a la movilidad no hay clientela para estos establecimientos, aunque estén ubicados en lugares tan cercanos como Baiona.

Miguel García señala que tiene que pagar 30.000 euros en sueldos y 6.000 en seguros sociales y que con esta situación las repercusiones y los costes son tremendos. «Yo doy por perdida de la campaña de Navidad porque las empresas no van a hacer cenas por qué no pueden venir más de cinco personas». También está finiquitada la actividad de la distribuidora Faviga. Y pide ayuda a los políticos.

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Recién inaugurado y cerrado por unos metros