«Tengo ELA pero los que me desahucian son mis vecinos por no poner ascensor»
A GUARDA
El guardés Álvaro Martínez tuvo que dejar su casa por su enfermedad
16 nov 2022 . Actualizado a las 22:12 h.«Me siento desahuciado, pero no por la ELA si no por parte de mis vecinos. Los que no aceptan que se instale un ascensor en mi casa». Álvaro Martínez Lomba lleva diez años luchando contra la esclerosis lateral amiotrófica pero desde hace cinco este vecino de A Guarda tiene que hacerlo en el piso de alquiler al que tuvo que trasladarse con su mujer porque la junta de propietarios de su edificio no ha querido poner un ascensor. Álvaro, de 70 años y su mujer, María Jesús, llevaban 30 años residiendo en la casa que compraron poco después de casarse. «Es uno de los áticos de un edificio con otras tres plantas en el que mi marido podría moverse con su silla porque es amplio y está adaptado, pero es imposible salvar las escaleras».
Hasta noviembre del 2017, seguía subiendo las escaleras. «Tenía gran dificultad, se valía de su bastón e iba sentándose en los rellanos». La enfermedad le fue restando movilidad y en esa época se mudaron a un pequeño apartamento ubicado a 100 metros de su edificio.
«Álvaro no puede volver a subir a su casa si no se pone un ascensor», explica María Jesús Martínez.
Le diagnosticaron la enfermedad en marzo del 2012. Dos años después, el matrimonio comenzó a pedir que se instalase el elevador en el inmueble, «pero la junta de propietarios siempre nos daba largas, nos decía que no había dinero o que se iba a caer el edificio». Desde hace cinco años pagan 320 euros de alquiler mensual, pero están al día de todas las cuotas de la comunidad de su edificio, en el que no pueden vivir, y además han tenido que afrontar una derrama extraordinaria de 5.000 euros para el arreglo de la fachada. Todo, con la pensión de Álvaro.
Tras todos estos años «malviviendo por no tener ascensor», se abrió una luz. En la junta de propietarios del 27 de mayo, a la que acudieron 15 de los 16 propietarios, se produjo un empate técnico ya que, aunque fueron votaron siete personas a favor de poner el ascensor y ocho en contra, se aplica el coeficiente de propiedad. La familia acudió al juzgado para dirimir el empate.
«Lo que pido no es un lujo sino una necesidad y me la están negando», afirma Álvaro. «Me niego a no poder volver a mi casa solo por tener ELA. Me niego a dejar mi casa sin luchar», advierte este marinero guardés jubilado por enfermedad.
Por eso han acudido al juzgado. El 1 de diciembre está fijada la vista en el juzgado de instrucción número 3 de Tui para que el juez resuelva el empate técnico de la junta de propietarios. «Espero que el juez me dé la razón. Solo quiero poder volver a mi casa», insiste Álvaro, que conserva una solvente capacidad de hablar.
«No es habitual tener que llegar al juzgado para un procedimiento de equidad para que resuelva su señoría, porque los empates técnicos son raros, al igual que tener que tomar decisiones tan drásticas», explica su abogada Laura Hermida.
Álvaro y María Jesús quisieron evitar llegar al juzgado. Afirman que en la junta del 24 de octubre ofrecieron retirar la demanda si la comunidad se avenía a poner el ascensor acogiéndose a una subvención de hasta el 80 % de la Xunta, pero ni así. «Esto fue lo más sangrante porque con esas ayudas, la Xunta subvenciona hasta el 80 % del gasto a los mayores de 70 años o con discapacidad, y a los demás con un 60 %. Teniendo en cuenta que ese es el perfil de la mayoría de propietarios, los 150.000 euros que cuesta la instalación se quedarían en cuotas perfectamente asequibles, de entre 101 y 735 euros al año, según el caso, durante seis ejercicios», indica con el desglose que presentaron a la junta en mano la abogada de este matrimonio.
La cuestión legal
La letrada considera que la negativa de los vecinos que rechazan la obra no obedece a problemas de viabilidad económica, «ya que hasta mis clientes abonaron 5.000 euros de derrama hace unos años por unas obras de la fachada que no hacían falta». Tampoco cree que haya argumentos técnicos, «porque en un bloque gemelo ya se ha instalado y los vecinos están encantos». Recuerda que además, el precio de todas las propiedades se revalorizaría al contar con ascensor y considera que los vecinos que se oponen «pretenden lucrarse de una ley que resulta especialmente lesiva para las personas con ELA o con cualquier otra enfermedad degenerativa».
Se refiere al artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal, que establece que «cualquier persona mayor de 70 años o con gran incapacidad puede poner un ascensor en el edificio con solo notificarlo a la junta, pero que ha de asumir su coste íntegro, aunque después todos podrán usar igualmente, a no ser que la derrama por propietario no supere lo que pagan por cuotas al año y este no es el caso porque las de este edificio son mínimas», indica la letrada.
«Mi cliente no puede hacer frente a 150.000 euros que cuesta la instalación. Además, creemos que es un servicio que todos necesitarán tarde o temprano y que beneficiará también a todos en cuanto a la revalorización de sus propiedades», insiste Laura Hermida, que defiende que se trata de un proyecto «viable, factible y justo». Considera que incluso sin ayudas, el ascensor «es una inversión para todos» con fórmulas de financiación «asequibles». «Aunque tuviéramos que esperar un año por otras ayudas y pese a que el tiempo juega en contra, esperamos una resolución judicial favorable», avanza la letrada.
«Esperé todos estos años para intentar conseguir un consenso. Pero el tiempo para mi es una contrarreloj y he de luchar porque yo pueda volver a mi casa y por otras muchas personas que están en mi situación», sostiene Álvaro Martínez.