La casa es una de las 21 que contaron con licencia municipal anulada por el TSXG
20 oct 2019 . Actualizado a las 05:00 h.El Concello de A Guarda ha procedido recientemente al derribo de la estructura de una vivienda y su cierre construido en suelo protegido a pocos metros del mar. La edificación se corresponde con una de las 21 licencias que fueron anuladas mediante sentencias judiciales. Esta edificación se encuentra ubicada en el barrio de la Catanga, alejado del núcleo urbano.
Los afectados construyeron las viviendas con licencias municipales concedidas entre 1999 y 2001. Un particular denunció a los alcaldes que las concedieron. Los jueces emitieron en primera instancia fallos contradictorios, dado que en unos casos daban la razón al Concello y en otros anulaban las licencias, creando inseguridad jurídica.
El caso acabó en el TSXG, que en enero del 2007 resolvió la anulación de todos los permisos de obra por haber sido concedidos en suelo rústico de protección paisajística. En ese momento había ya seis casas construidas y ocupadas. De las 21 licencias concedidas, solo en cinco no se pasó de la fase de proyecto. En el resto, los promotores pararon los trabajos constructivos antes de terminarlos, como en el caso de la vivienda que acaba de derribar el Ayuntamiento. El valor de las casas construidas se cifra entre 360.000 y 420.000 euros.
Con la última estructura del chalé demolido en la zona de Catanga se han efectuado ya un total de 10 derribos. Pero el proceso aún no ha terminado.
El Concello debe continuar con las demoliciones a lo largo de los próximos años. El denunciante, Eulogio Abeleira, insiste en que se deben tirar todas aquellas edificaciones que cuenten con sentencias firmes y cuya responsabilidad recaiga sobre el ayuntamiento.
La Agencia de Protección da Legalidade Urbanística ya cumplió con el derribo de las viviendas que le ordenó el juez. El Concello es el que no ha terminado de cumplir con las 15 que le corresponden para devolver los terrenos a sus estados primitivos y proteger el paisaje. Nunca ha consignado partidas para ello en sus presupuestos, lo que le obliga a realizar modificaciones puntuales poder encargar los proyectos y contratar las obras.
Las casas se encuentran en distintas partes del Ayuntamiento. El Concello agotó todas las vías legales hasta que se produjo el primer derribo que se ejecutó siendo alcalde José Manuel Domínguez Freitas.
Multas coercitivas
Este regidor del PSOE se opuso mientras gobernó a ordenar la demolición de viviendas con licencia municipal. Su actitud le llevó a tener que pagar multas coercitivas que le impuso el TSXG durante todo su mandato. Tanto él como el resto de los concejales hicieron una declaración institucional insistiendo en que los vecinos eran en esta causa «víctimas de la falta de coordinación entre las distintas administraciones».
Denunciaron el desamparo al que se vieron sometidos durante años. Se trata de un caso sin precedentes en Galicia, dado que todos obraron con licencia en mano, si bien algunos paralizaron las obras de inmediato en cuanto el juzgado advirtió de la situación. Otros ni siquiera se enteraron de que sus viviendas estaban sentenciadas hasta después de haberlas comprado.