La oposición uruguaya anuncia una denuncia penal contra la ministra de Defensa por rescindir el contrato de las patrulleras con el astillero vigués Cardama
VIGO
Concluye la comisión de investigación parlamentaria tras cinco meses y el Gobierno de Orsi sigue defendiendo que el encargo se hizo sin garantías
26 ago 2026 . Actualizado a las 01:32 h.La oposición uruguaya anunció este lunes que presentará una denuncia penal contra la ministra de Defensa, Sandra Lazo, por la rescisión del contrato con el astillero vigués Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas. La decisión llega después de que una comisión parlamentaria investigara durante cinco meses el proceso y sus consecuencias, que han abierto una brecha entre el Gobierno de Yamandú Orsi y el anterior Ejecutivo, responsable de adjudicar las embarcaciones por 82 millones de euros.
La Coalición Republicana, integrada por tres partidos y vinculada al expresidente Luis Lacalle Pou, sostiene que la ministra incurrió en un presunto delito de abuso de funciones. El diputado nacionalista Pablo Abdala afirmó que Lazo es responsable «legal, política y penalmente» de la ruptura del contrato.
Otros dirigentes de la oposición también cuestionaron el impacto económico de la decisión. El diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo aseguró que aún no está claro «en base a qué cálculos» el Gobierno de Orsi decidió avanzar con una rescisión que, a su juicio, podría resultar perjudicial para el Estado. En la misma línea, el diputado Gabriel Gianoli recordó que Uruguay «no tiene las patrulleras, ya pagó 28 millones de euros y todavía desconoce el costo final de la operación», y calificó el proceso como una «maniobra política de muy mala fe».
La respuesta de la ministra
Tras conocerse el anuncio de la denuncia, Sandra Lazo publicó un mensaje en Instagram en el que informó de que se está recuperando de una intervención médica. «En unos días nos encontramos donde quieran. Vuelvo con más energía y las mismas convicciones», escribió la ministra, que añadió la expresión en inglés «I'm so sorry».
El Gobierno uruguayo mantiene que el contrato con Cardama se firmó sin garantías, motivo por el que decidió denunciarlo ante la Justicia. Sin embargo, el país sigue sin definir quién construirá las patrulleras que necesita para reforzar la vigilancia marítima. Más allá de la disputa política, no hay avances sobre la futura adquisición ni sobre el reparto de responsabilidades tras la rescisión.