Uruguay exige 32 millones de euros al astillero vigués Cardama por daños y perjuicios en el contrato de las dos patrulleras
VIGO
El Gobierno de Yamandú Orsi presenta una demanda civil en la que exige la devolución del dinero entregado para la construcción de los buques y compensaciones
13 ago 2026 . Actualizado a las 03:26 h.El Gobierno de Uruguay ha presentado una demanda civil contra el astillero vigués Cardama en la que reclama 32 millones de euros por los daños y perjuicios derivados de la fallida compra de dos patrulleras. Argumenta que deben resarcirse los pagos ya efectuados, los retrasos acumulados y la imposibilidad de disponer de las embarcaciones, cuyo contrato fue cancelado en octubre del 2025 por el actual Ejecutivo de Yamandú Orsi.
Según la demanda, Uruguay busca recuperar los 28,79 millones de euros abonados al astillero, además de exigir compensaciones por la privación de uso de los buques durante más de dos años, los sobrecostes derivados de la adquisición de nuevas embarcaciones y los gastos administrativos y legales asociados al proceso.
El documento judicial dedica un amplio apartado a las garantías financieras presentadas durante el contrato. La primera, emitida por Eurcommerce, es considerada inválida por el Gobierno uruguayo, que asegura que la entidad desapareció tras entregar una renovación por algo más de cuatro millones de euros y que el acta notarial que acreditaba su validez era falsa. La segunda garantía, emitida por Redbridge, con sede en Barbados, también es cuestionada. El Ejecutivo sostiene que está «viciada de nulidad» por un conflicto de intereses: el corredor de seguros que representa a la compañía en Uruguay es la misma persona que certificó ante el Ministerio de Defensa su capacidad como aseguradora.
Mala fe
El escrito, de unas 200 páginas, asegura de no haberse cancelado el contrato con el astillero gallego, la situación hubiese sido peor para los interese del Estado uruguayo y habla no solo de incumplimientos contractuales por parte de Cardama, sino de mala fe.
Esta demanda civil se suma a una denuncia penal presentada en Uruguay contra varios altos cargos del anterior Gobierno: los exministros de Defensa Javier García y Armando Castaingdebat, el exdirector de Secretaría Fabián Martínez y el exresponsable de Recursos Financieros Damián Galó, todos ellos indagados por su papel en el proceso de contratación.
El empresario Mario Cardama inició un procedimiento ante la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París, para solicitar un arbitraje internacional que dirima el conflicto. La factoría naval de Vigo aspira a reclamar un resarcimiento económico y no ha descartado una contrademanda en Uruguay por incumplimiento del contrato que le fue adjudicado en su momento. El contrato fue firmado por el Ministerio de Defensa de Uruguay en diciembre del 2023 y su valor rondaba los 82 millones de euros.