Vecinos de un barrio de Vigo cierran un camino público y el juez no les da la razón

a.m. VIGO / LA VOZ

VIGO

M.MORALEJO

Desestimada la demanda que pretendía retirar el vial del inventario municipal

06 ago 2026 . Actualizado a las 16:39 h.

El cierre con un portalón del tramo final de un ramal del Camiño de Ameixeira, en Alcabre, ha terminado en los tribunales. Tres propietarios pidieron al Concello que lo eliminase del inventario municipal de vías públicas al considerar que forma parte de su finca, pero el juzgado de lo contencioso número 1 ha desestimado su recurso.

Los vecinos explican que el camino municipal terminaba históricamente en el portal y, desde ese punto, discurría por terrenos de sus abuelos que después se repartieron entre distintos miembros de la familia. Con los años se levantaron viviendas y cada propietario cerró su parte.

Sostienen que el Concello amplió el trazado al actualizar el inventario en el 2025. Aseguran que conservan una respuesta escrita de un antiguo responsable municipal de Urbanismo que situaba en el portal el final de la vía pública. Niegan haber dejado a nadie sin entrada a su finca y afirman que las propiedades situadas más allá cuentan con otros accesos. El Concello mantiene que el camino ya figuraba en el inventario y en el planeamiento de 1993 y que continúa grafiado como vial público en el PXOM del 2025. La administración local aportó en el juicio actas de alineación y rasante de parcelas colindantes, de los años 2012 y 2015, en las que un técnico delimitó el camino y las cesiones de terreno. Para el juzgado, esos indicios justifican que el tramo permanezca inventariado y su cierre no altera la naturaleza jurídica del suelo. La resolución añade que el ramal sirve como único acceso rodado para que otras parcelas puedan reunir la condición legal de solar. Los propietarios rechazan esa conclusión y consideran que el juzgado no ha valorado correctamente la realidad del lugar.

Contradicción

El expediente contiene una contradicción. Un informe del jefe de Patrimonio del 2023 señalaba que el tramo no estaba incluido en el inventario, mientras que una arquitecta municipal sostuvo en el 2025 que aparecía desde 1993. La jueza admite que no puede aclararlo porque ninguno de los técnicos declaró. El fallo no decide definitivamente quién es dueño del terreno, sino que avala su permanencia en el inventario público municipal. Para obtener un pronunciamiento firme sobre la propiedad, los vecinos tendrían que acudir a la jurisdicción civil. Los vecinos han presentado un recurso contra la sentencia de juzgado de lo contencioso administrativo al no estar conformes con el fallo.