El TSXG dicta una nueva sentencia sobre el hospital de Vigo igual a la del juez Villares que anuló el Supremo
VIGO
La concesionaria del Cunqueiro tendrá que pagar el IBI, de un millón de euros; el alto tribunal español tumbó el primer fallo por no ser imparcial
16 jul 2026 . Actualizado a las 01:17 h.El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha ratificado el fallo sobre el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo que el Tribunal Supremo había anulado por considerar que se había vulnerado «el derecho a un juez imparcial», ya que el magistrado Luís Villares Naveira formaba parte del tribunal sentenciador. Cuando era diputado por En Marea, el partido que llegó a encabezar para presidir la Xunta, Villares se había manifestado en contra de que el hospital de Vigo quedase exento del impuesto de bienes inmuebles (IBI) que le cargaba el Concello de Vigo, de un millón de euros al año. Al abandonar la política y volver a su plaza de juez en el TSXG, formó parte de un tribunal que en el año 2022 condenó a la empresa concesionaria del Cunqueiro a pagar el IBI y él mismo redactó la sentencia, que revocó una de primera instancia que daba la razón a la empresa.
El Supremo anuló aquella sentencia y otras dos. Fue algo prácticamente inédito en la justicia española. La sala del alto tribunal español consideró que la presencia de Villares había contaminado de parcialidad todo el proceso y que él había debido apartarse. El caso se refería al IBI del año 2019 y el juez sí se había apartado en un caso igual sobre el recibo del año 2020.
Al anularse la sentencia, el pleito volvió al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que tuvo que formar una nueva sala con tres magistrados. Se trata de César Alexis González (ponente), Rosa Agrasso y Ángeles Braña. Este tribunal ha resuelto de la misma manera que el tribunal de Villares: la Xunta está exenta de pagar el IBI del hospital, como pretendía Sociedade Concesionaria Novo Hospital de Vigo, una unión de empresas liderada por el fondo de inversión francés Meridiam. Los jueces consideran que el contrato era claro y que no permite acudir a «alambicadas interpretaciones extraídas de documentos que carecen de naturaleza contractual». El impuesto debe pagarlo la empresa.
La interpretación de la concesionaria era que estaba exenta del IBI porque cuando se presentó al contrato del Servizo Galego de Saúde para el hospital incluyó esta expresión en su oferta: «IBI, cero euros». Pero, recuerda la sala, el pliego de condiciones del contrato está por encima de cualquier otro documento y este no contenía la exención del IBI, sino que endosaba cualquier gasto a la empresa.
La sentencia anulada a Villares tuvo consecuencias en la justicia gallega. El magistrado lucense se presentó a la presidencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSXG, un cargo que decide el Consejo General del Poder Judicial. En un ajustado proceso, la elegida fue su rival, Azucena Recio. Al poco de tomar posesión, la nueva presidenta cambió la composición de la sección tercera, en la que estaba Villares. Esa sección es la encargada de resolver los asuntos relacionados con la energía eólica y había paralizado decenas de proyectos. La razón para apartar al antiguo político de En Marea de esa sala fueron las tres sentencias con las que el Supremo anuló fallos del TSXG sobre el hospital de Vigo al considerar que se vulneraba el derecho a un juez imparcial.
Todo apuntaba a que el caso del IBI iba a resolverse en esta línea, porque el Tribunal Superior ya se pronunció, sin Villares, sobre el recibo del 2020: eximió a la Xunta de pagar el impuesto y condenó a la concesionaria. Para el nuevo fallo todavía cabe un nuevo recurso de casación ante el Supremo, que ahora será más difícil porque en principio no se ha cuestionado la limpieza del tribunal. Sí hubo polémica en su composición, ya que al principio quería presidirlo uno de los jueces que había formado parte del tribunal inicial, que fue recusado y finalmente desistió.
La sentencia tiene una importancia económica potente, porque la concesionaria tiene adjudicada la gestión de la parte no clínica del Cunqueiro hasta el 2035 y el IBI es un recibo de casi un millón anual. Ahora faltan otros dos casos por resolver, uno sobre la rebaja forzosa de las tarifas del aparcamiento y otro porque el Sergas no pagó nada a la concesionaria en los primeros meses. En ambos, la empresa pide más dinero a la Xunta.