El Consello Consultivo dictaminó que debe pagar 140.000 euros
15 jul 2026 . Actualizado a las 11:21 h.La familia de Antón Álvarez, un joven vigués fallecido a los 25 años por un tumor cerebral, denuncia que la Xunta de Galicia ha rechazado indemnizarles pese que en una resolución admite que hubo un retraso diagnóstico y a que el Consello Consultivo dictaminó que merecía un resarcimiento de 140.000 euros.
Alicia Alonso, madre del fallecido, comenta que fue el propio joven quien quiso poner en marcha la reclamación. «Antón pensaba que lo que ocurría era muy injusto. No lo que le estaba pasando, sino que el diagnóstico llegara siete meses después de que empezaran los síntomas», explica.
El calvario de Antón comenzó a finales de marzo del 2022. Acudió al centro de salud de San Paio de Navia, en Vigo, al sentir hormigueos y pinchazos en la mitad de su cuerpo. Se le recetó un medicamento. No notó ningún tipo de mejoría y volvió poco después al mismo centro. Tras un mes regresó a la consulta de su doctor de cabecera. Continuaba sufriendo de los mismos adormecimientos. Al ver la situación, el médico le solicitó una radiografía de la columna. Con ella se le diagnosticó una rectificación cervical.
En agosto de ese mismo año los síntomas cada vez eran más fuertes. Tenía dificultades para hacer su trabajo, correr o tocar la guitarra. Debido a ello, acudió a urgencias al hospital de Pontevedra. Se le derivó a neurología y se programó una cita para el 23 de marzo, ocho meses después. En ese período de tiempo acudió en tres ocasiones a urgencias. A la tercera, fue ingresado. Una resonancia magnética reveló que tenía un cáncer en el cerebro. Sus allegados solicitaron una segunda opinión al Hospital de Bellvitge (Barcelona). Allí se le practicó una intervención quirúrgica en marzo del 2023. Los resultados de laboratorio confirmaron que se trataba de un tumor muy agresivo y de rápido crecimiento.
En junio comenzó el tratamiento de quimioterapia y radioterapia. A finales de julio del 2023 el tratamiento oncológico se dio por acabado en el hospital de Vigo. Antón falleció el 3 de agosto del 2024.
Alicia, la madre, asegura que la familia está indignada y «llena de rabia. Ves los síntomas que tenía Antón y son de libro. Ya me pesa a mí el no insistir más, pero que no se hayan dado cuenta los médicos ...». El objetivo que tiene la familia es honrar la memoria de Antón y conseguir que los jóvenes que estén en su misma tesitura, no pasen por lo mismo que él. «Ojalá esto sirva para que otros jóvenes no sufran tanto», dice Alicia.
Los informes del Sergas reconocen un «atraso no diagnóstico debido a múltiples causas, por exemplo, a asistencia do paciente a distintos centros», como los hospitales de Vigo y Pontevedra. Sanidade dice: «Non hai evidencia concluínte de que o diagnóstico precoz en tumores tan agresivos e difusos mellore significativamente a supervivencia, aínda que pedería mellorar transitoriamente a calidade de vida ao evitar síntomas polo crecemento tumoral».
La familia acudirá a los tribunales: «Es una resolución éticamente injusta»
La familia de Antón, con la ayuda de la asociación El Defensor del Paciente, recurrió en vía administrativa ante la Consellería de Sanidade por el retraso diagnóstico, pero descartó resarcirla. Tras el dictamen del Consello Consultivo que le daba la razón, presentó un recurso. También este ha sido desestimado, en una resolución firmada por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. La abogada Emma Pallardó confirma que ahora acudirán a los tribunales para reclamar a la Administración una indemnización, en la vía contenciosa. «Esta resolución no es solo jurídicamente difícil de sostener; sino que es profundamente injusta desde un punto de vista ético», dice la letrada, «se está diciendo que la vida y la dignidad de las personas enfermas valen menos».
Carmen Flores, presidenta de la Asociación «El Defensor del Paciente» apunta que «ningún paciente vale menos por estar gravemente enfermo. Ninguna Administración puede sostener que un error asistencial deja de ser indemnizable simplemente porque el desenlace era inevitable». Además, asevera que «lo mínimo que esperan las familias cuando la propia Administración reconoce un funcionamiento deficiente es que el daño sea asumido y reparado».