El Gobierno anuncia la presentación de una demanda civil en julio. Por ahora la Justicia no ha avanzado con la denuncia penal, según el asesor de presidencia
07 jul 2026 . Actualizado a las 22:12 h.Uruguay amplía la denuncia penal contra Cardama y activa una nueva vía de reclamaciones con el anuncio de una demanda civil contra el astillero vigués. Así lo confirmó la semana pasada el prosecretario (asesor de presidencia) Jorge Díaz, al analizar los cuatro escenarios en los que el Gobierno charrúa se enfrenta en estos momentos contra el fabricante gallego tras suspender el contrato para la construcción de dos patrulleras, valorado en unos 82 millones de euros.
«Se va a presentar una demanda en Uruguay, porque entendemos que por contrato corresponde que la jurisdicción sea de los tribunales de la República Oriental del Uruguay», precisó el alto cargo. Indicó, además, que lo hará en cuanto concluya lo que se conoce en el país como feriado judicial, que se extenderá hasta el próximo 15 de julio. Esta decisión abre la vía a una reclamación económica o de algún tipo de indemnización por parte del Estado. Desde que Cardama inició la construcción en diciembre del 2024 y hasta la rescisión del pedido en octubre del 2025, el astillero recibió unos 25 millones de euros del Ministerio de Defensa para arrancar el proyecto e ir forjando las embarcaciones.
Además, Díaz avanzó la intención del Gobierno de hacer público el contenido de esta demanda, pues «no hay confidencialidad en la Justicia uruguaya», aseguró en una entrevista en TV Ciudad. Fuentes de Presidencia señalan a este periódico que, en casos de gran trascendencia, en el país sudamericano «se estila» informar «con el mayor grado de detalle y transparencia posible, siempre que la información que se haga pública no atente contra la estrategia de defensa del Estado ante cualquier juicio».
El prosecretario de Yamandú Orsi añadió que también tramitan la ampliación de la denuncia por la vía penal contra el astillero gallego. El mandatario asegura que el Gobierno recientemente ha recibido información que «recontra acredita» la supuesta falsificación de la documentación presentada por la empresa viguesa para acreditar la garantía de fiel cumplimiento. Este documento es similar a un aval y está encaminado a demostrar la capacidad de los astilleros para sacar adelante un contrato. En el caso del pedido de las patrulleras, este papel es el que situó a Cardama en el ojo del huracán el pasado octubre, tras una investigación que determinó que la empresa que había emitido el aval, EuroCommerce, tenía su sede en el Reino Unido, en la dirección de una inmobiliaria, y se encontraba en vías de liquidación.
El Ejecutivo rechazó en octubre esta garantía, al considerarla falsa, y elevó el asunto ante la Fiscalía uruguaya. Más tarde, en febrero, dio por zanjado el contrato con el fabricante gallego, que vio caer el mayor pedido de su centenaria historia. La Administración también advirtió hace casi cuatro meses la presentación de una denuncia penal, pero desde entonces permanece a la espera de novedades. El propio Jorge Díaz lanzó una especie de reproche a las demoras judiciales la semana pasada, al señalar que «no ha hecho absolutamente nada hasta ahora, al menos que nosotros sepamos».
El País / Ignacio Sánchez
Al mismo tiempo, se encuentra abierta una investigación en el Parlamento y, a petición de Cardama, continúa en trámite la solicitud de un arbitraje internacional en la Cámara de Comercio con sede en París. El Gobierno uruguayo tiene previsto justificar su postura ante este organismo a finales de julio.
Nuevos constructores
Con el objetivo de garantizar la soberanía marítima del país, el Ministerio de Defensa de Uruguay está manteniendo reuniones con astilleros de otros países para que saquen adelante la obra de las patrulleras que fue confiada al naval vigués. Tras actualizar los costes, el Gobierno estima ahora el presupuesto en algo más de cien millones de euros.
Recientemente trascendieron contactos con otros tres fabricantes. Las compañías aspirantes son la empresa colombiana de defensa Cotecmar; Naval Group, copropietaria de la factoría Kership, de la localidad francesa de Concarneau; y HD Hyundai Heavy Industries, uno de los mayores astilleros del mundo, de Corea del Sur. El asesor de presidencia aseguró la semana pasada que «se está trabajando» en una nueva construcción o una compra.