El PP de Vigo valora un contencioso para exigir que Caballero comparezca por la imputación penal de la concejala de Seguridad en el caso Saltamontes
VIGO
Volverá a reclamar el cese de Patricia Rodríguez, imputada por homicidio imprudente
11 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.El Partido Poplar de Vigo aseguró ayer que está valorando presentar un contencioso administrativo para obligar al alcalde, Abel Caballero, a comparecer en el pleno y ofrecer explicaciones por la imputación penal de la concejala de Seguridad y Fiestas, Patricia Rodríguez, investigada por el accidente mortal del Saltamontes en las fiestas de Matamá de agosto del 2024.
Según los populares, los servicios jurídicos del partido analizan esta vía después de descartar el recurso de reposición, al considerarlo «ineficaz». Argumentan que «el mismo órgano que ha decidido eliminar la comparecencia de Caballero del orden del día es el mismo que, en el plazo de un mes, debe contestar al recurso de reposición».
El contencioso no es la única alternativa que baraja el grupo municipal. Otra opción es reclamar las explicaciones del alcalde mediante una moción, lo que permitiría reabrir el debate en el pleno.
Mientras tanto, el PP subraya la importancia del pleno extraordinario del 19 de junio, en el que volverá a exigir el cese de Patricia Rodríguez, imputada por un presunto delito de homicidio imprudente y que, pese a ello, continúa al frente de cuatro concejalías consideradas clave: Seguridad, Fiestas, Contratación y Gestión Municipal.
Ultimátum a Caballero del BNG
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha presentado este miércoles un recurso de reposición para exigir que el alcalde de Vigo comparezca en el pleno extraordinario del próximo 19 de junio. La formación nacionalista lanza así un ultimátum a Caballero, al que insta a rectificar lo que considera un veto injustificado.
El portavoz municipal del BNG, Xabier Pérez Igrexas, sostiene que este recurso es «a derradeira oportunidade que lle damos a Abel Caballero para que rectifique unha decisión arbitraria e contraria a dereito», una decisión que, según denuncia, «se basea na idea desquiciada de que é o grupo de goberno coa súa maioría quen decide se debe comparecer ou non diante do Pleno». Para el edil, impedir la presencia del alcalde supone una vulneración de los derechos de la oposición y limita la capacidad del pleno para ejercer sus funciones de control.