El conflicto entre el astillero Cardama y Uruguay por las patrulleras apunta a un arbitraje internacional
VIGO
El Gobierno de Orsi considera «débil» la petición del fabricante vigués, pero contrata a un bufete de abogados
14 may 2026 . Actualizado a las 00:44 h.La Corte Internacional de Arbitraje de París irrumpe en el caso de las patrulleras de Cardama para Uruguay. El astillero vigués ha solicitado la intermediación de la institución referente en disputas transfronterizas para que administre el conflicto desatado con el Estado charrúa por el pedido para la construcción de una pareja de embarcaciones de vigilancia. El Gobierno de Yamandú Orsi rescindió a mediados de febrero el contrato, valorado en 82 millones de euros, al considerar «graves incumplimientos» por parte del fabricante gallego. Cardama, que vio caer el mayor encargo de su centenaria historia, manifestó entonces su derecho a defenderse y ahora plantea un arbitraje internacional.
El equipo de Orsi, en una rueda de prensa el martes por la noche, mostró su desacuerdo con este planteamiento. Considera que la advertencia ante el organismo con sede en la capital francesa es «débil» y que «carece de competencia». Así lo expresó el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, que añadió que a su juicio el astillero vigués debería haber «agotado la vía nacional» antes de ejecutar este movimiento. «Y creo que no lo hizo porque el estado uruguayo recorrió un camino de mucha seriedad, de transparencia y de responsabilidad», insistió.
Cardama ha declinado hacer declaraciones sobre este asunto. A la hora de reclamar la intervención de la Corte Internacional de Arbitraje, se habría tenido en consideración una de las cláusulas del contrato de las patrulleras que reflejan la posibilidad de recurrir a esta institución para discutir aspectos técnicos de la fabricación naval. A pesar de su disconformidad, Uruguay ya ha contratado a un bufete de abogados especializado en estos ámbitos, según avanza El País Uruguay.
Tras conocerse la rescisión definitiva del contrato de las patrulleras, cuya construcción había comenzado un año y medio antes, el fabricante vigués dio varios pasos ante la justicia uruguaya para defenderse porque consideraron que aquella decisión era ilegítima. Solicitó entonces una audiencia de conciliación, paso previo al emprendimiento de medidas legales. Finalmente, la firma gallega abandonó esta vía y ahora ha apostado por escalar hasta un arbitraje internacional. El astillero además ha reclamado a la administración latinoamericana la retirada de la obra construida para reorganizar sus espacios en el frente de Beiramar, mientras la administración de Orsi está explorando diversas vías para reactivar la fabricación y disponer de una pareja de patrulleras oceánicas para la soberanía marítima de su costa. Han sondeado a compañías de diferentes países, entre ellos España. De hecho, el presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, mostró en abril a su homólogo Yamandú Orsi su disposición a colaborar en la búsqueda de una solución ante este conflicto.
La rescisión
El pasado febrero, tras varios meses de tensiones técnicas y administrativas y en medio de un fuerte debate político, Uruguay decidió definitivamente romper el contrato con Cardama, que fue denunciado ante la Fiscalía. Esta decisión se tomó al detectar «graves incumplimientos contractuales» como los relacionados con la obtención del aval para garantizar la capacidad productiva del astillero, además de retrasos en el desarrollo del proyecto. Además, la administración avanzó su intención de definir responsabilidades administrativas y jurídicas, si bien desde entonces no ha trascendido ningún avance al respecto.