La sombra del delito provocado para descargar 650 kilos de cocaína en el puerto de Vigo

Javier Romero Doniz
JAVIER ROMERO VIGO / LA VOZ

VIGO

Los acusados, este viernes, en la primera sesión del juicio.
Los acusados, este viernes, en la primera sesión del juicio. Oscar Vázquez

Las defensas de cuatro acusados de importar el alijo sostuvieron este viernes, en la primera sesión del juicio, que agentes encubiertos incitaron a los procesados para traficar; la Fiscalía Antidroga rebate el alegato exculpatorio y reclama 12 años de cárcel para cada acusado

08 may 2026 . Actualizado a las 20:29 h.

Nuevo juicio en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en su sede de Vigo, contra una organización nacional con tentáculos en el extranjero para introducir alijos de cocaína en las Rías Baixas. En el banquillo de los acusados, cuatro hombres se juegan desde este viernes algo más que su libertad: se enfrentan a una petición de 12 años de cárcel y a una multa que suena a cifra de ficción, 100 millones de euros. Pero este no es un juicio de narcotráfico al uso. Aquí, la batalla no gira solo en torno a los 650 kilos de cocaína interceptados, sino sobre quién puso realmente la música para que los acusados bailaran: la policía o los propios narcos.

La tesis de las defensas pretende inmolar el relato de la Policía Nacional y la Fiscalía Antidroga. Según los letrados, lo ocurrido entre julio de 2022 y abril de 2023 no fue una investigación convencional, sino un «delito provocado». Argumentan que el alijo que terminó incrustado entre palés de bananos en el puerto de Vigo fue el resultado de una coreografía dirigida por agentes encubiertos que, presuntamente, cruzaron la línea roja de la legalidad.

Todo comenzó con una nota de la agencia norteamericana contra el narcotráfico, la DEA. El 15 de julio de 2022, el aviso llegó a las autoridades españolas: una organización colombiana buscaba una puerta de entrada en Europa. Fue entonces cuando entraron en escena los agentes encubiertos.

Sin embargo, lo que empezó como una labor de «aproximación» se convirtió, a juicio de los abogados defensores, en una infiltración plena y sin control judicial. El relato de los hechos parece sacado de un thriller: reuniones secretas en Málaga a las que uno de los agentes acudía sin teléfono móvil para ganarse la confianza del jefe de la red en España, Damián Rodríguez Utrera, que casualmente se fugó para esquivar la detención y desde entonces permanece huido y, según los cuerpos policiales, igual de activo en el negocio. Pero más allá de la ubicación de Utrera, lo único seguro es que él es el gran ausente del juicio por su presunto papel de jefe de la organización.

Las defensas de los acusados añadieron que los infiltrados no se limitaron a observar, sino que espolearon la operativa. Incluso señalan un dato inquietante: en noviembre de 2022, las fuerzas actuantes solicitaron el archivo de las diligencias. La investigación quedó oficialmente congelada por la Fiscalía en enero de 2023. Sin embargo, los agentes encubiertos siguieron operando en la sombra, sin comunicarlo al Ministerio Público y manteniendo encuentros donde el presunto líder de la trama manifestaba su deseo de trabajar «cuanto antes».

El viaje de la fruta

El método del alijo era el de gancho ciego o rip-off, pero con una vuelta de tuerca. La red utilizaba contenedores de fruta procedentes de Sudamérica. En origen, la carga era legal; una vez en tránsito, los palés de bananos eran sustituidos por otros cargados de cocaína, todo ello sin que la empresa exportadora ni la transportista tuvieran la menor sospecha.

Las defensas de los cuatro acusados defendieron la nulidad de la causa al exponer las cuestiones previas.
Las defensas de los cuatro acusados defendieron la nulidad de la causa al exponer las cuestiones previas. Oscar Vázquez

Pero el punto más polémico de la logística ocurrió en suelo español. El cargamento llegó primero al puerto de Algeciras. Allí, en lugar de ser intervenido, cambió de barco con destino final a Vigo. La defensa asegura que este cambio de ruta no fue una decisión de los narcos, sino una «sugerencia» de los propios representantes policiales para facilitar la captura en aguas gallegas. Es esta presunta intervención activa la que, según los abogados, «contamina» toda la prueba inicial.

Más allá de los kilos de polvo blanco, lo que se juzga en Vigo es la integridad del sistema a ojos de las defensas. Los letrados han solicitado la nulidad del acceso a los teléfonos móviles y han puesto en duda la cadena de custodia de la droga. En un giro estratégico, han pedido que los acusados declaren en último lugar, una vez escuchadas todas las pruebas y testimonios de los agentes.

La Fiscalía respondió ya durante la instrucción al alegato exculpatorio de los abogados, y se ratificó en su escrito de calificación para llevarlos a juicio. Defiende que la estructura criminal era estable y estaba organizada para inundar de cocaína los puertos españoles. Las defensas, en cambio, ven en este caso un castillo de naipes construido sobre ilegalidad policial. El próximo jueves y viernes, la Audiencia de Vigo retomará el caso.