El Gobierno de Uruguay quiere concluir en España las patrulleras iniciadas en Cardama: «No podemos traerlas a hombro»
VIGO
La ministra de Defensa asegura que el Ejecutivo avanza en un plan para retirar la obra de las gradas del astillero de Vigo
16 abr 2026 . Actualizado a las 01:16 h.Dos meses después de rescindir definitivamente el contrato para la construcción de dos patrulleras en Vigo, Uruguay sigue detrás de una solución para retirar la parte de la obra construida desde que Cardama inició el proyecto a finales del 2024. El director de la empresa gallega, Mario Cardama, reclamó por escrito al Ejecutivo de Yamandú Orsi que retirara los bloques para habilitar espacio en las gradas de Beiramar y continuar con su actividad, pero varias semanas después de esta petición todavía no existe una fecha definida para recogerlas.
La última comunicación al respecto es la de la ministra de Defensa, Sandra Lazo, quien explicó recientemente que su equipo está definiendo una propuesta para recuperar la estructura. Advirtió que «no es algo que podamos viajar y traerlo a hombro» y por eso «se trabaja en función de algunas posibilidades que se puedan hacer en el propio territorio de España».
La explicación casa con otro anuncio del presidente Orsi en febrero para explicar que, desde que cortaron las relaciones con Cardama, su Gobierno apura contactos con otros cinco astilleros para sacar adelante la fabricación de una pareja de patrulleras oceánicas. Tras manifestar que este pedido es una necesidad del país para garantizar su soberanía nacional y marítima, confesó que su administración mantiene conversaciones con la industria naval de Argentina, Colombia, Corea del Sur, India o Francia. Después de esta intervención, su prosecretario, Jorge Díaz, añadió que también negociaban con el tejido empresarial español. «¿Por qué no?», apostilló.
En pleno proceso de búsqueda de un nuevo fabricante, el Gobierno uruguayo ha elevado el coste del contrato de las patrulleras a 103 millones de euros (unos 120 millones de dólares), lo que refleja una cifra holgadamente superior a la oferta de 82 millones que planteó Cardama en el 2023 y por la que resultó adjudicatario del proceso durante la legislatura de Luis Lacalle Pou.
Mientras tanto, avanza una comisión investigadora para conocer «todos los hechos y procedimientos» vinculados a la operación, valorada en 82 millones de euros y suscrita en diciembre del 2023 por el Ministerio de Defensa El detonante de la rescisión fue la detección de irregularidades en las garantías, después de comprobarse que la firma EuroCommerce —responsable de aportar el aval— estaba en proceso de liquidación en el Reino Unido.