El consejo del organismo ignora la petición del grupo Marina Meridional de que se le haga una auditoría y señala incumplimientos de inversiones y falta de actividad
31 ene 2026 . Actualizado a las 01:11 h.El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Vigo ha acordado esta mañana por unanimidad dar por caducada la concesión de Astilleros San Enrique. La decisión llega después de constatar falta de actividad industrial y el incumplimiento reiterado de las obligaciones concesionales. Son los argumentos que ha esgrimido el organismo que preside Carlos Botana, con informes técnicos en la mano, incluido el de la Abogacía del Estado, para tomar la decisión de abrir un expediente y expulsar así a la empresa del Grupo Marina Meridional de los terrenos de la antigua Vulcano en Teis.
En los últimos meses, el Puerto había intensificado los requerimientos a Astilleros San Enrique, cuya petición de que se llevase a cabo una auditoría independiente antes de que se le retirase la concesión ha caído en saco roto. La Autoridad Portuaria considera que la concesionaria no ha acreditado capacidad para recuperar la actividad ni para garantizar el uso adecuado del dominio público portuario, pese a que Marina Meridional aseguraba que tenía una importante carga de trabajo en el horizonte. De ahí la declaración de extinción por caducidad de la concesión
En el 2022, cuando inició su actividad, la empresa se comprometió a invertir 1,6 millones de euros para modernizar los astilleros y a alcanzar un volumen de negocio de 10 millones en el 2023 (para ir incrementando la cifra hasta los 14,5 millones en el 2036). También aseguró que cerraría una plantilla de 79 empleados directos «en un plazo de quince años». Ese era el plazo de la concesión que se le otorgó.
Lo cierto es que la parcela de Teis, de 18.000 metros cuadrados y situada en un punto estratégico del frente marítimo de Beiramar, llevaba años sin actividad relevante. El astillero no ha construido ningún barco en un lustro (ni siquiera el que anunció en su momento durante la feria Navalia para Pescachile) ni tampoco ha alcanzado los objetivos de contratación, situándose su plantilla en once empleados. Así lo reflejan las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, correspondientes al 2024, cuando la empresa facturó 858.747 euros y registró unas pérdidas de 1,7 millones de euros. En un comunicado de esta semana, el grupo naval dijo haber logrado 8,5 millones de ingresos en el 2025, lo que significaría un crecimiento del 890 % de un año para otro. La Voz ya avanzó en el 2024 los problemas que atravesaba y la posibilidad de que se le retirase la concesión.
¿Qué ocurrirá ahora con las instalaciones? La retirada de Astilleros San Enrique abre ahora un nuevo escenario para el futuro del espacio. El Puerto de Vigo analizará si opta por una nueva licitación o si integra la parcela en proyectos de logística. Algunas voces apuntan ya a la necesidad de que se mantengan la actividad naval y otras son partidarias de explorar su uso para aliviar la congestión de contenedores que sufre periódicamente la Autoridad Portuaria.
Tras la votación de ayer, se notificará a Astilleros San Enrique la resolución aprobada y dispondrá de un plazo de un mes para presentar recurso de reposición. Después de conocer la caducidad de la concesión, la empresa se ha limitado a explicar que está a la espera de esta notificación para «adoptar decisiones».
«Era necesario. Deberían ir un paso más allá y expropiar la parte privada», señala Comisiones Obreras
La retirada de Astilleros San Enrique abre ahora un nuevo escenario para el futuro del espacio. El Puerto de Vigo analizará si opta por una nueva licitación o si integra la parcela en proyectos de logística. Algunas voces apuntan ya a la necesidad de que se mantengan la actividad naval y otras son partidarias de explorar su uso para aliviar la congestión de contenedores.
El presidente portuario explicó a los miembros del consejo de administración que dialogará con los representantes de los trabajadores «para trabajar en el mantenimiento del empleo y que Vigo continúe siendo el gran centro de construcción naval». CC.OO. considera que declarar la caducidad del permiso «ya era necesario dado que (San Enrique) ha incumplido en todo momento el acuerdo que tenía». La organización defiende a mayores que el Puerto «tendría que ir un paso más allá y expropiar la parte privada pegada a la concesión de Espiñeiro, que formó parte de la venta del concurso de acreedores de Vulcano» al considerarla una parcela importante «para la industria local», explica el secretario de Industria, Celso Carnero.
La CIG advierte que no permitirá «a desaparición dunha instalación adicada ao naval nun momento no que o sector atravesa unha importante carga de traballo». Sobre la posibilidad de dedicar los terrenos al almacenamiento de contenedores, la organización sindical sugiere que «a solución pasa por unha racionalización dos actuais espazos portuarios e por rematar coa infrautilización da plataforma loxística de Salvaterra (Plisan)» y rechaza que el antiguo espacio de Vulcano no es el oportuno.