La Administración los excluyó de la justicia gratuita o del Ingreso Mínimo Vital
04 nov 2024 . Actualizado a las 20:56 h.Son el 2 % más pobre de Vigo y cobran entre 500 y 600 euros al mes. En la ciudad hay en torno a 3.753 beneficiarios de pensiones no contributivas y otros 1.775 que reciben una risga. No llegan a fin de mes y, debido a su vulnerabilidad económica, algunos solicitan ayudas sociales pero a veces se las deniegan porque superan por un puñado de euros los ingresos requeridos por la Administración para obtenerla. Bastan 50 euros de diferencia para quedarse excluido de una ayuda de emergencia social de los Servicios Sociales, por ejemplo, para ir al dentista. Ese margen excluye claramente a los pensionistas que reciben la paga social. El goteo de ayudas efectivas no llega a todos los que lo necesitan y algunos van a los tribunales a reclamar.
«Es gente con pocos recursos que solicita ayudas sociales de emergencia o especiales y la Administración se las deniega y ellos recurren. Son pocas pero a nosotros sí que nos están llegando reclamaciones, dicen fuentes de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Vigo, donde los ciudadanos pleitean con las distintas administraciones. Admiten que estos candidatos a percibir ayudas sociales batallan para que el juez les lance el salvavidas que los organismos públicos les denegaron. Pero incluso aunque el ciudadano gane, los abogados de la Administración siguen recurriendo por regla y el asunto se eterniza en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia o el Tribunal Supremo.
En los juzgados de lo social de Vigo, personas con vulnerabilidad económica también luchan por obtener el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que la Seguridad Social les denegó. Y en los tribunales de lo civil, piden justicia gratuita, o se pelean por recuperar la custodia de sus hijos menores, tutelados por la Xunta tras haber sido declarados en desamparo. Otras veces, piden ayuda al juez porque son familias que van a ser desahuciadas del piso de alquiler y sus hijos menores son vulnerables por el riesgo de quedarse sin techo.
Una forma de saber cuántos litigios entablan las personas sin recursos contra la Administración es mediante las estadísticas de las demandas por denegación de justicia gratuita. Se trata de solicitantes que tienen pleitos por divorcios o deudas y piden un abogado del turno de oficio pero la Xunta se los deniega porque en la base de datos figura que poseen una finca, por ejemplo, o cobran la risga.
Otras veces los clientes no pueden pagar al abogado y son demandados: de enero a julio hubo 81 pleitos de juras de cuentas.
El Contencioso-Administrativo de Vigo examinó nueve asuntos de denegación de justicia gratuita en el 2023 y otros 203 de responsabilidad patrimonial contra la Administración. Entre enero y julio del 2024, los juzgados de lo civil estudiaron 87 casos de impugnación de la denegación de la justicia gratuita y otros 28 relacionados con asuntos de familia.
También están al orden del día las demandas contra la Seguridad Social por denegarle el Ingreso Mínimo Vital a solicitantes que no cumplían algún requisito económico o de convivencia familiar o les faltaba un papel. De 804 demandas contra el INSS registradas hace un año en Vigo se pasó a 1.220 en lo que va del 2024. Este aumento se explica en gran parte por la avalancha de jubilados que reclaman la pensión de maternidad y una indemnización por obligarles a ir a juicio para reclamar sus derechos. Pero, entre ellos, afloran casos de denegación de IMV y la prueba es que se dictan continuamente numerosas sentencias en Vigo favorables al solicitante.
En los juzgados de familia, los progenitores con escasos recursos que, además tienen problemas de adicciones o viven en un hogar con violencia o abusos, están luchando por recuperar la guarda y custodia de sus hijos, que están tutelados por los Servicios Sociales de la Xunta. Las posibilidades de éxito son bajas.