España y Portugal meten en el cajón el estatuto del trabajador transfronterizo que prometieron
VIGO
Críticas a ambos lados del Miño, donde hay miles de afectados que esperaban resolver problemas de fiscalidad, seguridad social y derechos laborales
26 oct 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Fue una de las grandes promesas que hicieron los gobiernos de España y Portugal en una de las cumbres ibéricas que se celebraron en plena pandemia del coronavirus y la han metido en el cajón. Las protestas de miles de trabajadores, que se agudizaron cuando el cierre de fronteras con la crisis del covid, han caído en el olvido. La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y la Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte de Portugal lamentaron ayer que la última cumbre ibérica celebrada en Faro esta misma semana no haya avanzado nada en el estatuto del trabajador transfronterizo.
En la cita estaban los presidente del Gobierno español y del Gobierno luso, y la decisión de relegar el tren Vigo-Oporto en favor del Madrid-Lisboa no fue el único jarro de agua fría para el noroeste peninsular. En la CEG critican que «se ha perdido una oportunidad» y recuerdan que la elaboración del estatuto ya se comprometió en 2021 en otra cumbre. Esta figura es necesaria «para fortalecer la competitividad regional y mejorar la vida de miles de trabajadores portugueses y gallegos que dependen de un marco legal más coherente y que cruzan la raia para trabajar», señaló el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites.
Derechos cruciales
El estatuto del trabajador fronterizo es «crucial» para resolver problemas asociados con la fiscalidad, la coordinación de la seguridad social o el reconocimiento de cualificaciones y derechos laborales en ambos países para los trabajadores que cada día cruzan a un lado y a otro del río Miño.
El presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, António Cunha, lamentó que «las conclusiones no fueran explícitas respecto del compromiso de los dos Estados con la adopción de ese estatuto» e indicó que «hay estudios y mucho trabajo realizado entre instituciones regionales y nacionales sobre los requisitos de este estatuto y los mecanismos legales para su aprobación».
Se calcula que unas 15.000 personas se podrían beneficiar del estatuto. Buena parte de ellas están en el norte de Portugal y sur de Galicia, con la frontera con más movilidad entre ambos países.