El Gobierno central aporta interinos que antes negaba para analizar drogas incautadas en el laboratorio exterior de Vigo
VIGO
Parcheó la carencia crónica de personal a los pocos días de hacerse pública
01 sep 2024 . Actualizado a las 05:00 h.El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y la Subdelegación de Pontevedra resolvieron por ahora el problema crónico de falta de personal del Laboratorio Exterior de Vigo —que analiza las drogas incautadas en las provincias de Pontevedra y Ourense— con la incorporación de dos interinos que durante meses negaron que fuera posible incorporar. Lo curioso de la reacción, en forma de parche con dos trabajadores, es que llegó días después de publicarse que el laboratorio exterior estaba colapsado por falta de personal; y tras más de un año reclamándose la incorporación de nuevos trabajadores para no condicionar el servicio público que presta.
La falta de personal en el Laboratorio Exterior de Vigo se remonta casi una década, aunque en los últimos doce meses empeoró considerablemente. La crisis a la que no se puso remedio desde Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y la Subdelegación de Pontevedra implicó que este laboratorio informara por carta a las unidades policiales especializadas en el tráfico de drogas que se abstuviesen de entregar los estupefacientes en este laboratorio por la imposibilidad de analizarlos.
Pero la postura inamovible del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática durante meses tornó en solucionable tras hacerse público el colapso de este servicio público. La Voz publicó el 20 y 21 de junio dos informaciones recogiendo el trasfondo del problema y sus consecuencias en el ámbito policial y judicial. Días después de trascender el problema, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y la Subdelegación de Pontevedra sí encontraron la solución que durante meses el ministerio aseguró que era inviable. Desde entonces, el trabajo del personal disponible del laboratorio ha permitido que el trabajo de recepción de estupefacientes esté al día.
La precariedad a la que está expuesta la plantilla de este laboratorio no es nueva. Comenzó en el 2015 y desde entonces no ha dejado de empeorar. Depende orgánicamente de la Subdelegación del Gobierno, que a su vez está subordinada al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Funcionalmente, para recibir las instrucciones, depende de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad. Pero el problema se agravó en los último años no solo por esta falta de personal que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y la Subdelegación de Pontevedra no resolvieron durante casi una década; se complicó también por la mayor incautación de drogas que realizan los cuerpos policiales coincidiendo con un aumento en el tráfico de estupefacientes a todos los niveles.
La gota que colmó el vaso y colapsó el laboratorio que da servicio al sur de Galicia tuvo lugar en primavera, explican fuentes judiciales y policiales conocedoras de la situación. El detonante de la parálisis fue la ausencia del personal de apoyo administrativo a causa de una baja médica. Para que el laboratorio siguiese funcionando, los técnicos habrían tenido que asumir también ese cometido. La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra fue informada con antelación para buscar una solución. Se enviaron varias propuestas al ministerio que dirige Ángel Víctor Torres sin que, al parecer, ninguna fuese considerada válida. Pero también sin que el propio ministerio aportase una solución para evitar la situación de colapso y sus secuelas. Esa solución solo llegó, o se improvisó, cuando se publicó en prensa que el servicio público estaba inactivo por la mala gestión de los recursos humanos.
Otra solución prometida, pero que está a la espera de cumplirse, implica la incorporación de dos técnicos al laboratorio para dar salida al trabajo que entra. Dichas incorporaciones están previstas para las próximas semanas.
El buen hacer del personal del laboratorio hizo posible que todo el trabajo pendiente no se paralizase. De haberse dado esa situación, implicaría que todos los procedimientos judiciales en curso con incautaciones de drogas permanecieran parados hasta recibir los resultados de cada analítica para proseguir con la instrucción de los procedimientos. Actualmente, el tiempo medio de espera por una analítica es de un año.