La baja médica de la abogada del principal acusado por el alijo del Karar obliga a aplazar por segunda vez el juicio

VIGO

M.Moralejo

Tampoco se presentaron siete procesados, entre ellos el considerado líder de la trama, que serán traídos a la fuerza de no acudir al siguiente señalamiento, fijado para el 17 de abril

20 mar 2024 . Actualizado a las 20:26 h.

El juicio por narcotráfico más relevante del año en Galicia ha sido aplazado por segunda vez. La baja médica justificada de la abogada del principal acusado, Juan Carlos Santórum, su hermano y otros cinco acusados, motivó el nuevo aplazamiento. Tampoco se personaron estos siete procesados, que serán apercibidos y traídos a la fuerza al juzgado de no presentarse el 17 de abril; fecha fijada para iniciar la vista si la abogada de baja se recupera y retoma la actividad.

El tribunal de la sección quinta de la Audiencia Provincial citó esta mañana a todos los abogados para resolver si arrancaba el juicio sin la abogada de baja, pero el fiscal rechazó esta opción por la relevancia de los ausentes. También descartaron esa opción los abogados personados.

En el banquillo de los acusados sí estaban los 14 tripulantes del barco Karar, que transportaba los 3.824 kilos de cocaína requisados el 25 de abril del 2020, en plena pandemia, a más de 300 millas de la Península. Los 14 tripulantes están en prisión desde su arresto, igual que un colombiano acusado de recibir en Madrid paquetes de cocaína de la organización de Santórum de mano de un funcionario de Vigilancia Aduanera que estaría a sueldo de Santórum también.

Ismael Cores también está en prisión, pero por otra causa del pasado noviembre, y por eso compareció entre los procesados que fueron trasladados de la cárcel de A Lama. A mayores, de los acusados en libertad comparecieron cinco, faltando siete para completar la lista de 28 acusados y contando a uno que falleció en los últimos meses.

Denominada Pantín-Donky, la operación que el Cuerpo Nacional de Policía y el Servicio de Vigilancia Aduanera desplegaron en abril del 2020 atajó el segundo mayor alijo de cocaína que se aproximó a las costas de Galicia cuando la pandemia del coronavirus daba todavía sus primeros compases. 3.824 kilogramos de material viajaban en las tripas del remolcador MV Karar cuando las fuerzas de seguridad cayeron sobre él en alta mar, impidiendo que fuesen recogidas por cuatro planeadoras a unas sesenta millas de su destino.

La tripulación, conformada por una decena de ciudadanos nepalíes y bangladesíes, y un gallego de Bueu, fue detenida de inmediato. En tierra fueron arrestadas otras quince personas. La Fiscalía Antidroga sitúa al frente de la organización receptora a Juan Carlos Santórum Navaza (Vilanova de Arousa, 1980), quien, pese a su reputación en el negocio, nunca ha sido condenado por narcotráfico.

M.Moralejo

La apertura de la vista oral llega cuatro años después de que el MV Karar fuese interceptado en su navegación transoceánica desde Colombia. El 25 de abril se cumplirán cuatro años, por lo que todos los tripulantes del MV Karar tendrán que salir en libertad sí o sí coincidiendo con la planificación actual del juicio, que durará 13 días y empezará el 17 de abril.

Delitos y penas

La Fiscalía Antidroga atribuye a todos los acusados un delito contra la salud pública en la modalidad de drogas que causan grave daño a la salud, con el subtipo agravado por el uso de embarcaciones y por tratarse de una red con contactos internacionales; y un delito de integración en organización criminal. A mayores, al matrimonio acusado les imputa también un delito de blanqueo de capitales, y a un procesado al que le intervinieron una pistola, lo acusa también de tenencia ilícita de armas.

Para el cabecilla de la organización, Juan Carlos Santórum, se solicita la pena de 18 años y medio de prisión y una multa de 438 millones de euros; mientras que, para el resto solicitan 13 años y medio de cárcel (dos años más para el investigado por tenencia de armas) y dos multas de 400 millones de euros.

En el caso del funcionario de Aduanas, la petición de pena se incrementa en otros 6 años por el blanqueo y dos penas de inhabilitación total por un período de 20 años; para su mujer, la Fiscalía también pide la pena de cárcel por blanqueo, de manera que ambos se enfrentan a un total de 19 años y medio de prisión.