Las defensas buscan anular la causa de los 650 kilos de cocaína en Vigo alegando el uso de policías infiltrados sin autorización judicial

Javier Romero Doniz
Javier ROMERO VIGO / LA VOZ

VIGO

Policía Nacional

Argumentan que los agentes encubiertos trabajaron sin permiso en tres períodos de tiempo antes de llegar el alijo al muelle de contenedores de Guixar

27 may 2023 . Actualizado a las 09:52 h.

El último alijo de cocaína decomisado en Vigo entró por el muelle de Guixar el 25 de abril tras cruzar el Atlántico en un contenedor procedente de Sudamérica. Al día siguiente, en una nave ubicada en el perímetro de la ciudad, en Camposancos, en sus alrededores y en Málaga, la investigación conjunta de la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera confiscó los 650 kilos de cocaína y arrestó a casi todos los implicados. Faltaba uno, considerado líder, Damián Rodríguez Utrera, que misteriosamente supo anticiparse a sus captores y esfumarse. Aquellos arrestos supusieron el epílogo de una investigación iniciada en julio del 2022, gracias a información remitida por la agencia antidroga de los EE.UU., la DEA.

Los nueve meses de pesquisas contaron con siete agentes infiltrados de la Policía Nacional, que muy hábilmente supieron hacer su trabajo y engañar a los narcos que pretendían, desde su Málaga natal, abrir una vía estable por el Puerto de Vigo para introducir importantes alijos de cocaína procedente de Colombia o Costa Rica. La investigación resultó un éxito, dados los resultados y las pruebas recogidas en el procedimiento judicial.

Pero los abogados de los implicados, tras estudiar la documentación, concluyen que existen elementos para pedir el sobreseimiento y archivo del procedimiento. Alegan que dichos agentes infiltrados actuaron sin autorización judicial durante dos períodos de tiempo clave para obtener información inculpatoria contra los investigados.

«Actuaron sin la debida autorización y sin estar sometidos al preceptivo control, al menos, desde el 18 de julio de 2022 hasta el 7 de septiembre de 2022. Prácticamente dos meses en los que la comunicación con los investigados es constante y se producen diversas reuniones», expone uno de los escritos de defensa presentados. En este caso por el abogado Francisco Miranda, que representa al transportista asturiano acusado de llevar el alijo de Vigo a Málaga para su posterior comercialización.

A partir de ahí, la autorización de la Fiscalía de la Audiencia Nacional firmada el 7 de septiembre del año pasado, según la documentación aportada, tenía dos meses de validez, hasta el 7 de noviembre: «Pero los agentes encubiertos continúan manteniendo comunicaciones de gran relevancia con los investigados. Prueba de ello es la comunicación del 1 de diciembre de 2022, en la que un funcionario [agente encubierto] proporciona a Oldmandarine [nombre utilizado por Damián Rodríguez Utrera en la aplicación Telegram] una serie de datos relacionados con la importación de contenedores procedentes del puerto de Turbo y del puerto de Santa Marta, Colombia».

 

Invitación a Colombia

El tercer argumento alegado por las defensas sostiene que la investigación con agentes infiltrados prosiguió su curso «encontrándose archivadas las diligencias de investigación 38/2022 en el período transcurrido desde el 4 de enero [de este año] hasta el 3 de febrero». El motivo de archivar estas diligencias, recoge la causa, fue por «la insistencia de Oldmandarine [nombre utilizado por Damián Rodríguez Utrera en la aplicación Telegram] para que un agente encubierto acudiera a Colombia para estrechar lazos con los supuestos suministradores, pero dada su negativa se pospone la operación solicitando las fuerzas actuantes el archivo de la investigación».

Por ahora se desconoce qué juzgado resolverá la petición de sobreseimiento de las defensas. La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera coordinaron el decomiso del alijo y los arrestos con la Fiscalía Antidroga de Pontevedra y el Juzgado de Instrucción número 1 de Vigo, de guardia la semana del 25 de abril. Días después, la causa cayó por reparto en el Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo. Su titular, dos semanas después, tras analizar el contenido de la causa, interpretó que los hechos investigados son competencia del partido judicial de Málaga. Alega en un auto firmado el 12 de mayo que «los vínculos con la ciudad de Vigo son cuanto menos difusos, por no decir inexistentes».

El juez argumenta que todos los detenidos son vecinos de Málaga. Añade que la organización que integraban estaba afincada en la capital de la Costa del Sol, y que la droga, una vez transportada de Vigo a Málaga, sería distribuida desde la ciudad andaluza a otras regiones de España. Lo siguiente, para avanzar, será conocer si el juzgado decano de Málaga acepta la inhibición de Vigo. De ser así, resolverá la peticiones de archivo de las defensas, o seguirá con la instrucción. De lo contrario, de rechazar el asunto, la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo.