El Concello anula una orden de cese del uso residencial al caducar la infracción
20 may 2023 . Actualizado a las 01:34 h.Convertir trasteros en viviendas está prohibido pero hay formas de burlar la ley para hacerlo posible y evitar que la administración local pueda llegar a ordenar la demolición y devolverlos a su estado primitivo. El truco consiste en esperar seis años a que caduque la infracción urbanística antes de acudir al registro a inscribir la propiedad. Los dueños de dos trasteros de un edificio de la calle Escultor Gregorio Fernández han logrado esquivar la sanción municipal y pueden seguir manteniendo las viviendas habilitadas en estos espacios ubicados en el bajocubierta del inmueble. Tras un cambio de criterio de los técnicos municipales, al Concello no le ha quedado más remedio que rectificar una orden de cese del uso residencial y admitir que se pueden mantener así, siempre y cuando presenten un proyecto acreditando el cumplimiento de la normativa en materia de funcionalidad, seguridad, movilidad y habitabilidad.
Las obras en el ático del número 19 de dicha calle comenzaron de forma clandestina, sin licencia municipal, con el aparente consentimiento del resto de los miembros de la comunidad de propietarios, dado que no consta ninguna denuncia durante el tiempo en el que el Ayuntamiento podría haber actuado de forma contundente. Una vez concluidos los trabajos de adecuación, los nuevos pisos comenzaron a ser habitados por sus inquilinos. El Ayuntamiento se dio cuenta de la ilegalidad tarde, cuando ya habían pasado más de seis años desde la finalización de las obras. Aun así, abrió un expediente de protección de la legalidad urbanística, entendiendo que el plazo empezaba a computar desde el inicio de la inscripción registral. Así, en marzo del 2019, declaró que el cambio de uso de los trasteros para convertirlos en dos viviendas independientes sin la preceptiva licencia municipal era incompatible con el ordenamiento urbanístico. En consecuencia, ordenó a los propietarios la restauración del uso del rocho o trastero que estaba inicialmente autorizado en la licencia, debiendo constar así en la descripción de la finca en el título de dominio inscrito en el Registro de la Propiedad.
Pero los interesados presentaron recursos y, finalmente, el Concello les ha dado la razón. En un reciente acuerdo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha acordado anular la resolución que ordenaba el cese del uso residencial. Declaran que las obras para el cambio de uso de trastero a vivienda se hicieron hace más de seis años contados desde su realización, «por lo que procede declarar las obras y el uso en régimen de fuera de ordenación». Los propietarios podrán así seguir disfrutando de las obras que hicieron sin licencia en unos espacios originalmente destinados a almacenar enseres.
Los dueños alegaron que el Concello se encontraba ya fuera de plazo para ordenar la reconversión de las viviendas en trasteros. En un primer momento, el Concello entendía que, como se trataba de unas obras interiores difícilmente detectables desde el exterior, «é a inscrición registral do cambio de uso o que determina o cambio de uso de dereito, e polo tanto a obriga de reaccionar por parte da Administración nun prazo máximo de 6 anos, dende esta inscrición».
Cambio de criterio
Sin embargo, a raíz de las alegaciones presentadas, los técnicos de Urbanismo hicieron un cambio de 180 grados en su criterio inicial para llegar a concluir que «no presente recurso, asiste a razón aos recurrentes». La Gerencia de Urbanismo admite ahora que, tanto en obras interiores como en exteriores que se puedan apreciar desde la vía pública, «a caducidade da acción computase dende a total terminación das obras, especialmente cando estamos ante usos residenciais non sometidos a ningunha licenza ou comunicación previa».
Los dueños que obraron sin licencia deben demostrar que hay seguridad
Una vez que el Concello ha aceptado que caducó la acción municipal por el transcurso de seis años desde la total terminación de las obras, los técnicos municipales consideran que debería de exigirse a la propiedad que justifique el cumplimiento de las medidas de seguridad y de habitabilidad para mantener el uso residencial de los trasteros.
Por lo tanto, el acuerdo recientemente adoptado en la Gerencia de Urbanismo requiere a los propietarios de los trasteros reconvertidos en viviendas que presenten un estudio de seguridad. Deben entregar en el Ayuntamiento un proyecto en el que acrediten el cumplimiento de la normativa en materia de funcionalidad, seguridad, salubridad, movilidad, ornato público y habitabilidad, según consta en el acuerdo reciente. Es la vía que la ley abre a los infractores para no tener que deshacer las obras que llevaron a cabo de manera ilegal y de espaldas a la administración local.
En el estudio deberán demostrar que, pese a que las viviendas se encuentran en un espacio no destinado para ser habitado, su uso con carácter residencial no representa ningún peligro para las personas que vivan allí, ni para el resto de los vecinos del inmueble y estar dotado de salidas de humos y gases. Al mismo tiempo deben estar garantizados los suministros de servicios básicos como el agua y la luz.
En el caso de no acreditar estos requisitos, perderán de forma definitiva el uso residencial que dieron a sus trasteros de manera clandestina. También se podrían enfrentar a multas coercitivas de 1.000 a diez mil euros cada una, según consta en el expediente municipal.