La Guardia Civil detecta presuntos delitos de prevaricación y contra el territorio
02 abr 2023 . Actualizado a las 00:31 h.Donde solo había un sendero de tierra y una casa, se quisieron hacer seis viviendas con acceso desde una nueva calle asfaltada. No en un sitio cualquiera, sino en uno de los enclaves más privilegiados de Vigo, la última parcela que queda por urbanizar en el exclusivo barrio de Cabo Estai, donde el precio de una casa no baja del millón y medio de euros. Era un negocio urbanístico muy jugoso. Por eso, los promotores comenzaron haciendo el vial. Sin acceso público, no había posibilidad de licencia. Tenían un gran conocimiento de urbanismo y del funcionamiento de la administración. No en balde uno de los promotores es un ingeniero que trabaja en la propia Gerencia de Urbanismo de Vigo. Su hermano también es asesor urbanístico en un ayuntamiento cercano.
Con lo que no contaban era con la fuerte oposición de la asociación de vecinos de San Miguel de Oia, que puso el grito en el cielo cuando observó los destierres que se llevaron a cabo en primera línea de costa, la lengua de asfalto que, desde la calle Arquitecto Antonio Cominges, avanzó hasta la rompiente del mar. Sobre todo les indignó ver cómo, presuntamente, los promotores se habían adueñado de terrenos que no eran suyos y que habían ido a registrar a un notario de A Cañiza.
La Fiscalía tuvo conocimiento de las obras supuestamente irregulares. La Guardia Civil abrió una investigación por prevaricación y un delito contra la ordenación del territorio. Los agentes del Seprona detectaron un posible compadreo, la ayuda de otro ingeniero de Urbanismo que, supuestamente, emitió informes favorables relativos a la ejecución del vial sin ajustarse a lo autorizado y contrarios a la ordenación urbanística. El caso Cabo Estai salpica también a la constructora que hizo el vial y a los arquitectos que hicieron el proyecto y dirigieron las obras.
Los dueños consiguieron la licencia para construir una casa con piscina el 6 de agosto de 2021, tan solo unos días antes de la aprobación inicial del PXOM, que no lo hubiera permitido. El nuevo planeamiento solo protege la vivienda existente, pero todo lo demás lo clasifica como rústico de protección de costas. Por eso el «pelotazo» está condenado al fracaso. El Concello no puede dar licencias donde se contradice el PXOM con el Instrumento de Ordenación Provisional. Así lo tuvo que recordar el secretario en un informe.
La Gerencia de Urbanismo promete «absoluta colaboración coa xustiza»
La Gerencia de Urbanismo emitió ayer una nota informativa en la que manifiesta su «absoluta colaboración coa Xustiza». En el comunicado, que no lleva la firma de ningún responsable, afirman que «cooperamos cos órganos da administración de xustiza e cos órganos administrativos remitindo toda a información existente demandada». Afirman que, en esta tramitación, todos los acuerdos aprobados por el Consello de la Xerencia, fueron adoptados contando con los informes técnicos y jurídicos favorables, «non só os municipais, senón tamén os preceptivos de Costas da Xunta de Galicia». Afirman que la concesión de licencias es un acto reglado que determina la obligación de otorgar aquellas que se adecúan a la legalidad urbanística aplicable, «de conformidade cos informes obrantes nos expedientes. As modificacións de detalle da urbanización do novo tramo viario só buscan a mellor adecuación do tratamento en superficie». El tramo viario cedido al Concello es el que resulta de la transmisión obligatoria y gratuita otorgada en escritura pública el 15 de septiembre de 2020 ante notario. Los propietarios presentan una escritura pública registrada que acredita la propiedad de la parcela. «O Concello carece de competencias para dirimir disputas no ámbito das propiedades privadas, cuestión que corresponde exclusivamente aos tribunais de xustiza», señalan desde la Gerencia de Urbanismo.
Los grupos de la oposición piden explicaciones y que se depuren responsabilidades
Los grupos de la oposición en la corporación de Vigo pedirán responsabilidades políticas en caso de que la investigación de la Fiscalía derive en sentencias condenatorias.
El portavoz del grupo municipal del PP, Alfonso Marnotes, mostró su «respeto absoluto» a la investigación que están llevando a cabo el Ministerio Público y del Seprona. «Los hechos son muy graves y merecen una investigación profunda y que se depuren responsabilidades. Las licencias, al final, las concede un político, que es la concejala de Urbanismo», señaló.
El portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez Correa, afirma que la Gerencia de Urbanismo debe investigar si hubo un trato de favor por parte de funcionarios municipales o responsables políticos como la concejala o el gerente de Urbanismo en la licencia que se obtuvo en la zona unos días antes de la aprobación inicial del Plan Xeral que protege la zona. Considera ilegal hacer alineaciones sobre una servidumbre y convertirlo en un vial público mediante una cesión.
«Máis que indicios»
El portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas, observa «máis que indicios de que a actuación que se fixo é abertamente ilegal». A los nacionalistas les sorprende que el gobierno municipal, en su respuesta, evite pronunciarse sobre las supuestas implicaciones en estas ilegalidades urbanísticas de funcionarios municipales.
El BNG interpelará en el próximo consello de la Gerencia de Urbanismo que se celebrará la semana que viene a la concejala María José Caride para que ofrezca aclaraciones «porque a cidade merece explicacións».