Confirman la multa de 250.000 euros a una empresa por comprar un barco con ingresos de pesca pirata
VIGO
La Audiencia Nacional ve probado que la sociedad, investigada por la Agencia Tributaria en Vigo, movió dinero desde las cuentas de un pesquero ilegal nigeriano denominado Viking
26 ene 2023 . Actualizado a las 08:15 h.La sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional confirmó una multa de 250.000 euros que impuso el Ministerio de Agricultura y Pesca a una empresa con sede fiscal en Vigo por una infracción muy grave de pesca marítima. La acusaron de gestionar o estar vinculada con un buque pirata llamado Viking, con bandera de Nigeria, y dedicado a actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR). La misma sanción, ratificada por el Gobierno, les impedía obtener ayudas públicas durante cinco años.
El Gobierno acusó a la empresa Lastiff SL de comprar por 400.000 euros en julio del 2011 dos sociedades, una de las cuales era dueña del barco francés Le Stiff. La Administración le abrió expediente porque consideró que esa compra se había realizado con los ingresos procedentes de la actividad pirata del Viking, que tenía una caja común. Los funcionarios descubrieron que salió dinero de esa caja para pagar la compra del Le Stiff. Por medio, se cruzó un préstamo a 30 años sin intereses para financiar la operación entre sociedades entrelazadas.
Los investigadores descubrieron que cuando el Viking repartió beneficios, hizo constar en un apartado 450.000 euros y constituyó un depósito de 750.000 más para garantizar el pago del medio millón que faltaba por pagar mediante diez pagarés. La Administración concluyó que más que un préstamo lo que había era una «aportación entre socios».
Lastiff se quejó de que los inspectores habían entrado en su sede «sin autorización» pero la Audiencia Nacional replica que los juzgados de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo y el de Santiago de Compostela dictaron autos en el 2015 que extendían las inspecciones «a cualquier elemento que sea necesario». Creen que la multa total por 4,4 millones de euros fue «desproporcionada».
La Audiencia Nacional revisó el caso y concluye que hubo «un entramado empresarial» en el que participan personas físicas y jurídicas, españolas y extranjeras, dirigido a la explotación de cuatro pesqueros piratas (INDNR) que cambian periódicamente de nombre y bandera para dificultar su seguimiento y evitar su identificación, entre ellos, el Viking. Dice que estas conductas se vienen «prolongando en el tiempo» después de su prohibición expresa y de una reforma legal del 2014.
La sala recalca que «resulta imputable cualquier actuación que implique no solo participar en la propiedad del buque, su gestión o explotación, sino también cualquier actividad mercantil».