La concesionaria tendrá que asumir el impuesto tras pleitear con Sanidade
04 oct 2022 . Actualizado a las 05:00 h.La empresa concesionaria del Hospital Álvaro Cunqueiro, que gestiona los servicios no clínicos del centro sanitario, tendrá que pagar el impuesto de bienes inmuebles al Ayuntamiento de Vigo. Es un millón de euros anual en una concesión vigente hasta el 2035. El Servizo Galego de Saúde denunció a la concesionaria porque no quería sufragar el impuesto y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia le da la razón al Sergas. Este pleito es una más de las disputas entre el Sergas y su principal concesionaria, a la que paga más de 70 millones de euros cada año y con la que ha mantenido y todavía mantiene varios frentes judiciales abiertos.
La disputa por el IBI tiene su origen, en realidad, en el Concello de Vigo. Desde que el Cunqueiro abrió sus puertas, en el 2015, el gobierno local intentó que pagase el impuesto de bienes inmuebles. Al principio no lo consiguió, porque la ordenanza eximía a los centros sanitarios públicos construidos después del 2007. Por eso, la Justicia negó al Concello la posibilidad de cobrar los primeros recibos.
Por eso, el gobierno local cambió la ordenanza, que ahora solo exime a los centros de atención primaria. Tanto la concesionaria como el Sergas recurrieron ese cambio normativo, pero la Justicia dio la razón al Ayuntamiento, al considerarlo soberano para redactar la normativa a su gusto.
A partir del 2019, por lo tanto, había un recibo de un millón de euros anuales que se iba a pasar hasta el 2035; 16 millones de euros en juego. Ahí, el Sergas y la concesionaria dejaron de ir de la mano.
La concesionaria, un consorcio que ahora dominan los fondos de inversión Meridiam (francés) y RiverRock (luxemburgués), reclamó al Sergas que asumiese el pago del impuesto. Un juzgado de Santiago le dio la razón inicialmente. Pero en una sentencia reciente el TSXG revoca esa decisión y condena a la concesionaria. El fallo se refiere al recibo del año 2019, pero todo apunta a que será extensible a los siguientes, si son recurridos.
Hay varios motivos. En el año 2006 las consellerías de Sanidade, Política Territorial (hoy Infraestruturas) y el Concello de Vigo firmaron un convenio por el nuevo hospital que decía expresamente que el Ayuntamiento regularía la exención del IBI. La sala entiende que ese acuerdo no es vinculante y que, en todo caso, los pliegos del contrato están por encima de todos. Estos no recogen la exención del IBI.
Además, la concesionaria —y el juez de primera instancia le dio la razón— entendía que estaba exenta del IBI porque cuando presentó su oferta de construcción incluyó: «IBI, 0 euros». Pero la sala de lo contencioso del Superior recuerda que eso la oferta no tenía que hacer referencia al IBI y, por ello, es solo una expectativa que se basaba en la ordenanza vigente entonces, la que luego se modificó. «A concesionaria non pode ter patrimonializada a expectativa de que a exención vai durar toda a vida», advierte el juez.
El Sergas y la concesionaria han librado pleitos por todo tipo de aspectos, desde los menús, hasta las camas o el párking. Durante este último recurso acerca del IBI, el abogado de la concesionaria lanzó una pulla al Sergas. Dijo que el organismo había hecho una «confesión de parte», puesto que había recurrido la modificación de la ordenanza del IBI que hizo el Concello con el fin de que el Cunqueiro pagase el impuesto. Según este razonamiento, el Sergas recurrió porque asumía que tendría que hacerse cargo del gasto. «Non pode ser censurado ou sometido a avaliación neste procedemento o acerto ou infortunio dos argumentos ofrecidos noutros procedementos para apoiar unha pretensión», reflexiona el magistrado