Una carta interna revela que la Xunta no atiende la petición de ayuda de la plantilla
21 jul 2022 . Actualizado a las 05:00 h.El Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) está colapsado en la provincia, incapaz de atender las peticiones de los partidos judiciales de Pontevedra. La situación ha llegado al punto que las citas para realizar entrevistas psicosociales a las personas implicadas en procedimientos judicializados de familia, violencia de género y otros se están fechando para dentro de año y medio, a principios del 2024. La demora condiciona a los juzgados en su trabajo y en la agilidad que están obligados a aplicar en cada asunto según la ley de enjuiciamiento criminal (seis meses de instrucción, salvo que sean complejos). Por ejemplo: un asunto en donde el Imelga tiene que entrevistar a un menor para resolver un asunto de familia, que implica el divorcio de sus progenitores, no podrá finalizarse mientras las conclusiones de esa entrevista se remitan al juzgado competente para resolverlo mediante sentencia. A mayores, conlleva retraso en otras decisiones como la custodia de un menor, el régimen de visitas o, incluso, si se diera el caso, un delito de abusos.
El colapso del Imelga es responsabilidad de quien gestiona este servicio público, la Vicepresidencia Segunda Consellería de Presidencia, Xustiza e Deporte de la Xunta. Se recoge en una carta firmada el pasado día 15 de julio desde la Subdirección Territorial del Imelga en la provincia de Pontevedra, y firmada por uno de los funcionarios afectados. La misiva se remite a un juzgado de instrucción en la provincia en contestación a la imposibilidad de atender una petición de entrevista psicosocial para un asunto con un menor de edad implicado: «En ese procedimiento en concreto, la fecha probable para la realización de la entrevista pertinente sería a principios del 2024». Esta frase supone solo el punto de partida de una carta que desnuda el caos interno que se vive en el Imelga: «Pongo en su conocimiento [expone al juzgado afectado], en relación con el escrito de fecha 6 julio que dado el volumen de trabajo que tienen que soportar los dos equipos psicosociales (uno de ellos junto con la que suscribe forma la unidad de valoración integral), que a todas luces son insuficientes. No se puede dar respuesta en tiempo adecuado a lo solicitado por los juzgados que se encargan de los procedimientos de familia, de los de violencia de género y otros».
Oídos sordos
La carta oficial evidencia igualmente la inacción de la Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Justicia e Deporte de la Xunta ante la reiterada petición de ayuda por parte de la Subdirección Territorial del Imelga en la provincia de Pontevedra: «De forma reiterada [expone el Imelga al juzgado al que se dirige], y dada la gravedad de la situación y de la profunda preocupación que existe por parte de esta Subdirección del Imelga, se puso en conocimiento de la Administración de la necesidad de aumentar el número de equipos psicosociales para poder responder a lo solicitado dentro de un tiempo prudencial. Hasta la fecha no se ha recibido respuesta alguna, llegando la situación a considerarse insostenible».
La realidad, ya en los juzgados consultados por La Voz en la provincia, es que la situación no es nueva, y genera malestar por varios motivos: primero por el embudo que genera en la actividad diaria de cada sede judicial para cumplir con los plazos impuestos. La segunda causa de malestar, incluso indignación, es que algo así sucede en Galicia y España, siendo un escenario más propio de países menos desarrollados que no hacen del sistema de sanidad pública una bandera de gestión.