Los condenados por el enchufe de la cuñada de Carmela Silva que aguardan su indulto deben pagar otros 16.000 euros
VIGO
Los cobrará el Concello de Vigo pese a que no los reclamó
26 abr 2022 . Actualizado a las 05:00 h.El caso del enchufe en una contrata municipal de una cuñada de la concejala y presidenta de la Diputación, Carmela Silva, no concluye. Mientras los dos condenados (un alto funcionario y el gerente de la empresa implicados) aguardan a que el Gobierno central les conceda el indulto que han solicitado para no entrar en prisión, la Audiencia Provincial ha acordado exigirles más dinero para compensar al Ayuntamiento vigués. La sentencia que declara probado el caso de malversación, prevaricación y falsedad documental, impuso a ambos condenados la obligación de devolver al Ayuntamiento los 108.147,22 euros destinados al pago de los trabajos y nómina de la mujer enchufada. Ahora, funcionario y gerente deberán hacer frente también a los intereses generados desde el momento de la sentencia dictada en el 2019 por la Audiencia Provincial y el instante en el que cada uno depositó su parte en los juzgados destinada al Concello.
Un 5 % de interés
El tribunal fijó la semana pasada esa cantidad a mayores en 15.777,64 euros, tras aplicar unos intereses de un 5 % sobre el importe estipulado en la sentencia, ratificada por el Tribunal Supremo. Se señala a los encausados que deberán abonar 15.362,83 euros a partes iguales por el funcionario Francisco Gutiérrez Orúe y por el entonces cargo de la empresa Imesapi, Ramón Comesaña. A este último, se le añaden otros 414,81 euros por los intereses generados desde diciembre pasado, pues pagó más tarde su parte de la condena.
Tanto lo destinado a la familiar de la política beneficiada como la nueva partida originada por los intereses tienen al Ayuntamiento de Vigo como destinatario, al considerar el fallo judicial que fue la entidad que resultó perjudicada por el acuerdo para favorecer a la contratada. Sin embargo, el Concello no ha requerido la ejecución de la sentencia y su liquidación, extremo que sí solicitó la acusación particular y denunciante del caso, la plataforma Xuntos por Galicia. El tribunal declaró que dicho grupo no está legitimado para exigir los intereses por no ser la parte perjudicada, en este caso, como sí es el Concello, aclara en su decisión la Audiencia, que en todo caso ordenó la liquidación que ahora deben afrontar los condenados.
La oposición municipal ha venido reclamando sin éxito una valoración y análisis del gobierno municipal sobre este caso, a la vez que el PP mantiene que la campaña secundada por diversas asociaciones en favor del indulto del funcionario está dirigida desde el PSOE local.
