El contrato de alquiler venció hace seis meses y no se marchan
23 abr 2022 . Actualizado a las 00:26 h.El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Vigo examina la petición de desahucio de una familia numerosa subsahariana que lleva seis meses viviendo en un piso pese a que el contrato de alquiler venció y la dueña no quiere renovarlo. El juicio de desahucio se celebró el jueves.
La casera inició un procedimiento para desalojar al matrimonio, dos inmigrantes senegaleses con dos hijos, un tercero que no consta oficialmente, y un cuarto en camino. Durante ocho años, pagaron una renta mensual de 300 euros en un céntrico piso del barrio de As Travesas. Aunque siguen abonando el alquiler, la propietaria les demandó por un incumplimiento de las condiciones del contrato porque este venció el 30 de octubre del 2021 y los inquilinos siguen ocupando la vivienda, que ella necesita vacía porque planea ponerla a la venta.
La familia presentó ayer una solicitud al juez para que prorrogue y aplace su expulsión del piso porque no tienen otro techo a dónde ir. Alegan que, al tener hijos menores a su cargo, están en riesgo de exclusión social y en una situación de vulnerabilidad, por lo que se quieren acoger a la moratoria de ejecución de desahucios que sigue en vigor hasta octubre.
El juez ha solicitado a los servicios sociales municipales que elaboren un informe sobre la situación económica de la familia con hijos menores a su cargo para comprobar que reúnen los requisitos de vulnerabilidad. Estos trámites, usualmente, duran un mes.
Al parecer, el padre tenía un empleo pero hace meses cayó en la precariedad y no puede pagar más de 300 euros por el alquiler, precio difícil de conseguir en el centro urbano. Se quejan de que en la vivienda hace frío pero no pueden encontrar nada más barato en pleno centro. A mayores de estos ingresos limitados, la esposa está embarazada del cuarto hijo. Confían en que a finales de mes, los asistentes sociales del Concello les den una cita para conocer su caso.
Si el informe de servicios sociales acredita la situación de vulnerabilidad social, el magistrado le concedería a la familia una prórroga de un mes para que busque un alojamiento alternativo antes de abandonar la vivienda o la Xunta les proporcione un piso de alquiler social.
Aunque el plazo de prórroga de un desalojo es de un mes, generalmente, los servicios sociales municipales se demoran más tiempo en entregar su informe. Así lo corroboran letrados judiciales y abogados de desahucios consultados, que advierten de los continuos retrasos en la redacción de informes por el exceso de carga de trabajo, lo que afecta también al Imelga de Vigo.
Este retraso obliga a muchos jueces de primera instancia tienen que prorrogar por segunda e incluso tercera vez el lanzamiento (desalojo de los inquilinos y cambio de la cerradura). Una de cada tres familias pide prórroga.