Desahuciados en Vigo por un fondo de inversión

alejandro martínez VIGO / LA VOZ

VIGO

M.MORALEJO

La empresa ha comprado el piso alquilado a una pareja con cuatro hijos y los quiere echar

04 abr 2022 . Actualizado a las 23:55 h.

Un fondo de inversión amenaza con expulsar a una matrimonio con cuatro hijos del piso de la calle Aragón en el que llevan casi cuatro años viviendo de alquiler. La empresa ha comprado el piso al Banco de Santander y no les quiere renovar el contrato. El plazo que les dieron para desalojar expiró el jueves, pero ellos se han quedado porque no tienen otro sitio a donde ir. Ahora temen que cualquier día les llegue una orden de desahucio.

«Si nos vamos, nos quedaremos en la calle», lamenta Samuel Gabarri, el padre de familia, que es vendedor ambulante y no cuenta con unos suficientes recursos como para buscar otra vivienda con los actuales precios del mercado. Cuentan que viven en un piso de protección oficial que perteneció a un hombre que se quedó sin trabajo y no lo pudo seguir pagando. La vivienda fue embargada hace nueve años y pasó a manos del Banco de Santander.

Antes de marcharse, el desahuciado le dio las llaves a la hermana de Samuel y a su cuñado para que siguieran viviendo allí. Negociaron un contrato de alquiler con el banco y vivieron allí durante tres años y medio, hasta que se tuvieron que ir para cuidar de un familiar enfermo en Valladolid. Por aquel entonces, Samuel y su mujer, Sandra Gabarri, pagaban 600 euros de alquiler en un piso de la calle Tomás A. Alonso. Al quedar el domicilio vacío por una causa de fuerza mayor, su hermana le brindó la posibilidad de quedarse en él, siempre que asumiera las rentas de cien euros mensuales. Samuel y Sandra se mudaron a la vivienda y continuaron pagando religiosamente el alquiler y afrontando arreglos que hubo que llevar a cabo, así como los recibos de la luz y el agua.

Allí continuaron criando a sus hijos, que en la actualidad tienen 5, 9, 12 y 19 años. Un día les llegó una carta en la que la empresa Global Pantelaria les informaba de que era la nueva propietaria de la vivienda, adjuntándoles un número de cuenta para que siguieran domiciliando allí el pago de la renta.

El disgusto

El disgusto se lo llevaron cuando, poco después, recibieron otra carta de la misma entidad en la que les informaban que se tenían que ir de la vivienda. La inmobiliaria Haya Real Estate, siguiendo indicaciones de la propiedad, Global Pantelaria, les informaba que el contrato de arrendamiento que había sido firmado el 1 de abril de 2013 quedaría extinguido este 31 de marzo pasado, «fecha en la que deberán dejar libre el inmueble y suscribir la documentación de terminación del contrato». Al mismo tiempo, les daban un teléfono y una dirección de correo electrónico de contacto para coordinar la devolución de las llaves. Global Pantelaria se dedica a la compra venta de inmuebles y, posiblemente, querrá sacar la vivienda al mercado inmobiliario. La familia quiere seguir unida. Si se quedan sin hogar, tendrían que repartirse en pisos de familiares y no están dispuestos a aceptarlo. Tienen fe en que el problema se acabará resolviendo de algún modo. «Somos evangélicos y creemos en Dios. Sabemos que el piso nos lo vamos a quedar como hasta ahora, pagando un alquiler, porque somos cumplidores. Dios esta arriba. A ver si mueve los hilos a favor nuestro, que nos hace falta», afirma.

El matrimonio quiere negociar un nuevo alquiler con la compañía

La familia Gabarri no quiere dejar el piso de la calle Aragón y desean llegar a un acuerdo por la vía amistosa con Global Pantelaria para poder seguir pagando un alquiler. Samuel y Sandra reconocen que los cien euros de renta mensual que están pagando es un precio muy bajo y que aceptarían una subida que puedan asumir y que se equipare a otras rentas que se están en el mismo edificio.

Lo que no pueden costear son los precios actuales de los alquileres en el mercado inmobiliario. Teniendo en cuenta de que necesitarían como mínimo tres habitaciones, saben que 600 o 700 euros sería un precio inalcanzable para ellos y carecen de avales. Se dedican a la venta ambulante y las cosas no van bien en el sector. Tras la pandemia, sus ingresos han caído notablemente. «Nunca nos ha faltado un plato en la mesa, pero sí vivimos ajustando mucho el presupuesto», señala Samuel.

Ellos quieren seguir viviendo donde están, puesto que en la urbanización se encuentran sus padres. Además sus hijos ya están muy adaptados al entorno y matriculados en colegios del barrio. Por otra parte, saben que el domicilio no tiene una venta fácil. En el número 209 de la calle Aragón han ocurrido reyertas y hace años tuvo que intervenir la policía y la Xunta. Afirma que, si el piso se quedara vacío, cualquiera podría dar un patada a la puerta y meterse a vivir.