La empresa responde al cuestionar la UE la prórroga de la concesión hasta el 2048
16 mar 2022 . Actualizado a las 18:50 h.Audasa ha movido ficha ante las dudas que la Comisión Europea ha manifestado sobre la legalidad de la prórroga por la que la concesionaria de la AP-9 seguirá explotando el vial hasta el año 2048 en lugar de dejarlo libre de peaje dentro de dos años. La empresa ha aprovechado una emisión de obligaciones para advertir por escrito ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores que en caso de ser anulada su concesión reclamará más de 1.000 millones de euros como compensación.
«Cualesquiera medidas que pudieran contemplar la modificación o terminación del vigente contrato de concesión por causa no imputable a Audasa y por razones de interés público, implicaría en todo caso y conforme a la legislación vigente el derecho de Audasa a ser debidamente indemnizada, indemnización que a juicio de Audasa sería significativamente superior al importe actual de su deuda», avisa tanto a sus inversores como a la propia Administración.
Como señala la empresa en el folleto de presentación de la emisión de obligaciones para este noviembre por valor de 300 millones, la deuda de la concesionaria ascendía a 30 de junio pasado a 1.065 millones de euros. Pero, como adelanta Audasa, la indemnización no se limitaría a dicha cifra. El valor de la autopista, las inversiones que la empresa recuperaría a lo largo de toda la vida de la concesión, las cifra en 1.534 millones de euros, de los que apenas ha amortizado un tercio, según sus cuentas anuales. El resto de esa cantidad engrosaría la factura de la supuesta indemnización, además de la deuda contraída, y a mayores el lucro cesante, la ganancia potencial dejada de obtener desde el momento en el que se revocase la concesión hasta el final del contrato.
Por eso Audasa alude a una cifra «significativamente superior» al importe de su deuda. Esta rebasaría incluso los 2.000 millones de euros por los tres conceptos mencionados.
La concesionaria recalca a sus posibles obligacionistas que nada tiene que ver en el proceso de revisión de la prórroga abierto por la Comisión Europea a instancias de la organización de consumidores gallega En Colectivo, que en estos días apura en su web la recogida de apoyos para exigir al Gobierno central que asuma el dictamen del Ejecutivo europeo, ponga fin a la concesión de la AP-9 y la libere de inmediato de peajes. El Ministerio de Transportes tiene hasta el día 23 para justificar la ampliación de plazos de explotación que el Gobierno de Aznar hizo en el año 2000 en favor de Audasa dándole 25 años de concesión hasta completar 75 en total. Con Felipe González la AP-9 ganó otros diez años de prórroga y con Adolfo Suárez otro inicial más. El Ministerio de Transportes señalaba ayer que «estamos trabajando en ello y colaborando al máximo con la Comisión».
El órgano comunitario ya advirtió en septiembre en su dictamen inicial que las prórrogas concedidas deberían haber sido sacadas a concurso público para garantizar la libre competencia, dado que estas se idearon como compensación a nuevas obras como el acceso norte a Ferrol. Si Bruselas reitera su idea de que se incumplió el derecho comunitario, instará a restablecerlo, con multas continuadas si no se hace.
La concesionaria reclama judicialmente 46,2 millones por los ingresos en peajes que dejó de obtener por el covid
Audasa apenas emite manifestaciones o valoraciones como empresa. Lo hace básicamente cuando presenta sus balances financieros o está obligada a dar detalles de su actividad cuando, como ahora, acude al mercado para emitir obligaciones con las que hacer frente a sus préstamos, inversiones o pago de intereses de emisiones anteriores. Estas comunicaciones suelen tener la doble intención de convertirse en mensajes de tranquilidad financiera y de advertencia ante el debate de cualquier posible cambio en el contrato de su concesión.
Esta vez, además de avisar públicamente de que la anulación de la última prórroga le costaría cara a las arcas del Estado, ha servido de notificación de haber iniciado un nuevo pleito contra la Administración, ahora por el dinero que Audasa dejó de ganar cuando todo el país estaba confinado o sufriendo restricciones en sus movimientos.
Audasa obtuvo en el 2020 un beneficio neto de 33,69 millones de euros tras haber recaudado en peajes 127,89 millones. Algo más de uno de cada cuatro euros (26,3 %) dejados en sus cabinas de peaje se convirtieron en ganancia neta para los fondos de inversión dueños de la autopista. Un año antes, y sin los efectos de la pandemia, la concesionaria ganaba 42,7 millones de euros netos también. Audasa entiende que la diferencia a la baja en los beneficios obtenidos nada tiene que ver con su gestión, por lo que tras haber pedido al Gobierno, y no ser atendida, una compensación por la bajada de tráficos a causa del estado de alarma por el covid, esa reclamación se ha convertido en un nuevo pleito judicial.
Audasa, sin embargo, no reclama la diferencia entre lo ganado en el 2020 y el 2019, que serían 8,58 millones de euros. Tampoco opta por defender la diferencia de ingresos por peajes entre el año del covid y el precedente, que sería de 25,5 millones. La concesionaria de la AP-9 eleva nada menos que a 46,2 millones de euros lo que entiende le corresponde por una merma en su recaudación desde la implantación del primer estado de alarma (14 de marzo del 2020) y el 30 de septiembre del mismo año. A razón pues de 177.011 euros al día a mayores de lo que ingresó en esas fechas por los vehículos que continuaron usando la autopista.
Las peticiones de Audasa no se detienen ahí. Señala a sus inversores que tras haber ganado judicialmente la reposición de la fórmula de recuento de coches que pasan por Rande y A Barcala, le exige al Ministerio de Transportes y a la Xunta 25,44 millones de euros por los peajes no cobrados. La Administración gallega no se siente concernida por dicho fallo, lo que ha motivado otro pleito de manos del ministerio.
Audasa añade a sus reclamaciones los fondos necesarios para acometer la adaptación de sus túneles a las normas de seguridad.
