Aqualia pide ayuda al Concello para ingresar 268.000 euros pendientes
01 nov 2021 . Actualizado a las 20:39 h.Hay 1.625 abonados vigueses que tienen deudas por impagos del agua en 2019. No atendieron todas las cuotas, o bien solo dejaron alguna o parte sin pagar y ahora deben ponerse al día en lo que respecta al ejercicio de la prepandemia. Deben en su conjunto 268.428 euros. La empresa concesionaria del servicio, Aqualia, ha pasado la relación al Ayuntamiento, que ha puesto en marcha la maquinaria para proceder al cobro forzoso de todas las facturas pendientes.
La concesionaria ha propuesto la vía de apremio contra los morosos para equilibrar sus cuentas. Para ello, ha remitido a la administración local los datos de los abonados y la publicación en el Boletín Oficial de Pontevedra de los contribuyentes que no recibieron la notificación, para que no puedan alegar desconocimiento. Los originales de los acuses de recibo de la notificación tributaria están disponibles en sus oficinas por si fuera necesario.
La mayor parte de los abonados que no pudieron hacer frente a las cuotas durante el período voluntario son particulares. Adeudan cantidades que oscilan entre los 30 y los 300 euros. También hay ciudadanos que deben mucho menos. Por ejemplo, Aqualia ha pedido ayuda al Concello para cobrar 76 céntimos que tiene pendientes de pago una usuaria. Otra empresa se expone al embargo por un saldo negativo con Aqualia de 1,84 euros.
Hay establecimientos de hostelería que no pudieron pagar y que han dejado a deber cantidades que van desde los 1.000 a los 2.000 euros. En ocasiones las cuentas se disparan cuando el uso del agua se multiplica, por ejemplo, para llenar piscinas. Una comunidad de propietarios adeuda a la concesionaria un total de 5.500 euros por el servicio que le prestó y no pagó. El abonado que más ha dejado a deber en 2019 no abonó facturas por un total de 7.300 euros.
El proceso
Una vez con la relación de abonados, sus direcciones y deudas en la mano, el Concello se dirigirá por escrito a cada uno de ellos para que paguen. Según la Ley Tributaria, «será título suficiente para iniciar o citado procedemento e terá a mesma forza executiva que a sentencia xudicial para proceder contra os bens e dereitos dos obrigados tributarios». La administración local les requerirá que se pongan al día en sus cuentas con la concesionaria del agua y del saneamiento. Si no lo hacen, se exponen al embargo de sus bienes.
El reglamento de Aqualia permite también suspender el servicio de abastecimiento y saneamiento si los abonados no satisfacen puntualmente las cuotas. La normativa establece que, de no hacer efectivo el recibo dentro de los primeros cinco días de su presentación, en el caso de los recibos a pagar por ventanilla, o de diez días, en el caso de los recibos domiciliados en entidades bancarias, el abonado dispondrá de un segundo plazo de 15 días, en las oficinas del concesionario, para el pago voluntario de dichos recibos. De no hacerlo en este plazo, se procederá al recargo con liquidación de intereses de demora correspondientes, sin perjuicio del corte de suministro y de las restantes acciones legales que procedan para hacer efectiva la cantidad no satisfecha, según consta en el reglamento.
Aqualia es la mayor concesionaria del Concello de Vigo. El gobierno acordó el 31 de diciembre del año pasado prorrogar la concesión durante cinco años más.
Esta ampliación del contrato está vinculado a la ejecución de un plan de inversiones de más de 40 millones de euros. Dentro de las inversiones previstas, se encuentra la modernización de la potabilizadora de Casal, cuyas obras ya están en marcha.
La cifra de morosos aumentó un 32 % en el último año y la deuda total lo hizo en otro 42 %
La cifra de vigueses que no han podido atender los recibos del agua se ha incrementado en el último año. En 2020 eran un total de 1.100 abonados que le debían a Aqualia un total de 153.518 euros del ejercicio de 2018. Se trata de una cifra que contrasta con los 268.428 euros que 1.625 abonados no han podido afrontar en 2019 y a los que ahora persigue la administración local. En 2019, el Concello inició la vía de apremio para el cobro de 3.485 recibos por un valor total de 175.000 euros.
La previsión es que los vigueses seguirán teniendo dificultades para pagar el agua después de la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus y la subida de precios.
Según la encuesta de condiciones de vida elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el año pasado, el porcentaje de hogares que pagaron con retraso las cuotas hipotecarias, el alquiler, la luz, el agua o los recibos de la comunidad crecieron en 13.370. Se pasó de los 52.306 de 2019 a 64.676.
Plan de choque
No obstante, el Concello de Vigo aplicó un plan de choque, que el año que viene contribuirá a suavizar las cifras de morosos, cuando se conozca la deuda acumulada por impagos del agua durante el año del confinamiento y cierre de empresas. El alcalde, Abel Caballero, anunció hace un año la exención de los recibos del agua y de la basura para todos aquellos hosteleros durante el tiempo que tuvieron que estar con las persianas bajadas. La administración local será la que cubra ese agujero ante la concesionaria. Tan solo en agua y basuras, el ahorro estimado es de dos millones de euros.