Nueve años de cárcel por obligar a trabajar en tanga o desnudas a sus empleadas del hogar en Vigo

La acusada afrontaba 37 años de prisión pero selló un pacto con la Fiscalía y se declaró culpable de abusos sexuales, trata y explotación de los trabajadores

La empleadora acusada de abusos durante el juicio en el que resultó condenada a nueve años de cárcel
La empleadora acusada de abusos durante el juicio en el que resultó condenada a nueve años de cárcel

Vigo / La Voz

La responsable de una trama de abusos sexuales a empleadas del hogar en Vigo ha aceptado hoy nueve años de cárcel. Ella y su novio contrataban a inmigrantes sin papeles con anuncios-cebo donde prometían trabajos de interna por mil euros al mes y luego, aprovechándose de su situación de precariedad, les hacían tocamientos o las obligaban a trabajar en tanga o desnudas. Al ser descubiertos, el novio se arrojó por la ventana de un octavo piso durante un registro policial y falleció. Siete de las denunciantes tienen en común su procedencia, de Centroamérica, y el hecho de no tener residencia en España.

El juicio se iba a celebrar el martes pero se adelantó un día porque las partes llegaron a un acuerdo. Esta mañana, la acusada compareció a las 10.00 horas escoltada por la Policía Nacional desde la prisión de A Lama para firmar el acuerdo que rebajó su pena de 37 años a 9. La vista por conformidad se ha celebrado en la sección quinta de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo.

La acusada se declaró culpable y aceptó ser condenada a nueve años de cárcel. En concreto, aceptó un año de prisión por cada uno de los cinco delitos de abuso sexual, cinco meses por el delito de agresión sexual, tres meses por el delito de coacciones, tres años por el delito de trata de seres humanos y cuatro meses por el delito contra los derechos de los trabajadores.

Además, pagará una multa de 180 euros por el delito leve de maltrato. En concepto de responsabilidad civil, indemnizará a cada una de las víctimas de los cinco delitos de abuso sexual con 1.000 euros. Además, pagará a otras dos víctimas, que son testigos protegidas, 6.000 euros a cada una.

Se cierra así un capítulo de abusos y explotación a inmigrantes de Colombia, Guatemala y Nicaragua, entre otros países. El caso causó indignación y repudio en nueve asociaciones de empleadas del hogar de España,que pidieron mayor protección a este colectivo.

El implicado, ya fallecido, les exigía en las entrevistas de trabajo pasar una falsa revisión médica en la que les hacía tocamientos. La pareja acosaba a algunas para que se acostasen con ellos o las obligaban a trabajar varias horas en tanga o desnudas, o sentarse a comer con ellos sin ropa. También crearon un clima de terror al decirles que toda la casa tenía cámaras de vigilancia y que pertenecían a una banda internacional. A una víctima la sometieron a torturas, según denunció.

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