Una sentencia del Tribunal Supremo por impagos de pensión reprocha el daño a los hijos cuando el padre finge ser pobre para no pagar las mensualidades como venganza contra la madre
25 mar 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Cada año, entre 350 y 420 exmaridos de Vigo presentan una demanda en los juzgados para pedir que el juez rebaje la cuantía de la pensión de alimentos que pasan a sus hijos y exmujer porque se quedaron en el paro. Decenas de ellos con dinero dejan de pagar la pensión, por descuido o venganza, y acaban sentados en el banquillo del juzgado de lo penal por incumplimiento de sentencia. Llegan a adeudar miles de euros. Suele haber cerca de centenar de estos juicios al año, varios por semana. A partir de ahora, cometen «violencia económica» hacia la mujer.
Esta misma semana, se celebraron en Vigo un juicio a un hombre que debía 150 euros mensuales a los hijos y otro por 200 y que afronta diez meses de cárcel. Este impago de pensiones fue calificado ayer en una sentencia del Tribunal Supremo como «violencia económica» hacia la mujer porque el condenado, un vecino de Mallorca, debía 34.000 euros en atrasos.
En su sentencia, el Tribunal Supremo indica que el impago de pensión «puede configurarse como una especie de violencia económica, dado que el incumplimiento de esta obligación deja a los propios hijos en un estado de necesidad en el que, ante su corta edad, y carencia de autosuficiencia, necesitan de ese sustento alimenticio del obligado a prestarlo, primero por una obligación moral y natural que tiene el obligado y si esta no llega lo tendrá que ser por obligación judicial». Por otra parte, el progenitor que tiene la custodia se ve obligado a hacer un esfuerzo extra y le priva de atender sus propias necesidades, según el Supremo.
La abogada viguesa Ana Costas señala que cualquier colega que lleve procedimientos de familia ha tenido casos en que se hayan dado las condiciones que se refieren en esa sentencia del alto tribunal. «Vemos padres que han abandonado buenos empleos para evitar el pago de las pensiones, que no solicitaban prestaciones de desempleo para no ser embargados por los impagos, que cambiaban de trabajo cada vez que se conseguía embargarles el salario, incluso he tenido uno que se ha ido de España para evitar los embargos», dice Costas.
Considera que «sí es violencia económica cuando la madre se queda con dos hijas o hijos y afronta su cuidado al cien por cien del tiempo (estos padres que pasan de sus hijos económicamente, pasan también de sus obligaciones de visitas ) trabajan, y tienen que sacar adelante su alquiler, sus gastos, todo».
Y remarca que «claro que es violencia si un progenitor adeuda en pensiones de alimentos más de 30.000 euros porque es una cantidad que se acumula después de años de impagos que suponen para los hijos pasar necesidades de forma injusta e injustificada».
La abogada Esther Lora matiza que no siempre hay intención de hacer daño. «Este caso del Supremo no suele ser el habitual. La mayoría de impagos de pensiones vienen de una imposibilidad o dificultad real del progenitor no custodio de hacer frente a ese pago. Claro que hay casos de gente con capacidad para ocultar sus ingresos pero los que nos encontramos en el día a día, son los menos». Añade que «normalmente no hay intencionalidad de ejercer un daño añadido. Sí puede haber cierta pasividad o irresponsabilidad pero en general el que no paga es porque no puede».
Lora resalta que el Tribunal Supremo deja claro que el implicado se colocó en situación de insolvencia de manera dolosa y premeditada, «pero no suele ser lo normal». «Como en la inmensa mayoría de los casos son los padres los que pasan la pensión, podría encajar el impago doloso en eso que el Supremo llama violencia económica», dice esta abogada.
Fina Barros: «El impago se disparó en la pandemia pues dejó a muchos en la estacada»
La abogada Fina Barros señala que «la realidad diaria respecto al impago de pensiones es que se disparó desde esta pandemia, la situación actual dejó a mucha gente en la estacada y los recursos económicos son menores y eso repercute enormemente a la hora de pagar las pensiones. Así aumentaron las modificaciones de medidas en este sentido».
Otra letrada, Patricia Comesaña, incide en que «el impago de pensión es similar al delito de abandono de familia pero por lo general no se suele ir por lo penal, porque interesa poder cobrar algo. Es una sentencia muy buena porque se da preferencia al bienestar de los menores».
Ester Alonso, de EAR Abogados, sí ve violencia económica: «Nos encontramos ante conductas que derivan de una especie de venganza hacia el progenitor que se queda con los hijos, lo que sin duda afecta al bienestar de los menores». La simulación de que carece de bienes ni ingresos es, a veces, «complicada de demostrar, lo que conlleva un auténtico calvario para el custodio que día a día debe sustentar a sus hijos». Cree que este precedente podría disuadir a quienes intenten despatrimonializarse.