Requiere al ministerio público a que en caso contrario diga qué pruebas necesita
22 dic 2020 . Actualizado a las 05:00 h.La peor opción para los intereses y reclamaciones de los afectados por el accidente registrado en la clausura del festival de O Marisquiño del 2018, que no se diriman posibles responsabilidades causantes del siniestro, se ha convertido ya en opción judicial. La jueza encargada de la instrucción del caso, la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Vigo, ha instado a la Fiscalía a que se posicione sobre un posible archivo de la causa que se instruye desde hace 28 meses.
En una diligencia emitida el viernes al Ministerio Fiscal, remite las actuaciones realizadas en la instrucción y le insta a dar a conocer su punto de vista sobre un sobreseimiento provisional o definitivo de la causa abierta contra el Ayuntamiento de Vigo, Autoridad Portuaria de Vigo y la empresa organizadora del evento deportivo.
Las heridas causadas a 467 personas que asistían al concierto de cierre del Marisquiño el 12 de agosto del 2018 motivaron la instrucción para dirimir si se había cometido un delito de lesiones por imprudencia, que tiene consideración jurídica de leve.
Más pruebas
En su último escrito, la jueza indica al ministerio público, representado en la causa por la fiscal jefe, que si no se inclina por solicitar el sobreseimiento del caso, señale qué «diligencias imprescindibles» le harían falta para formarse una opinión definitiva, o si estima que se debe optar por abrir juicio y que se diriman por esa vía posibles responsabilidades penales o se rechace la existencia de las mismas.
La jueza tomó declaración en calidad de investigados a dos técnicos del Puerto encargados del control y supervisión del estado de las infraestructuras, al ingeniero jefe de Vías y Obras del Concello de Vigo y al jefe de Urbanización e Infraestructuras municipal. Las dos administraciones fueron emplazadas en la instrucción como responsables civiles del área accidentada y de los permisos dados a O Marisquiño para ocupar con un concierto el muelle que se desplomó. También el máximo responsable de la empresa promotora en el momento del accidente fue incluido entre los investigados, mientras que la abogacía del Estado solicitó sin éxito por ahora que el que era concejal de seguridad en el 2018, el socialista Carlos López Font, recibiese el mismo tratamiento judicial.
Letrados que toman parte en las comparecencias desarrolladas hasta ahora, estiman que el archivo del caso sería la peor opción para los accidentados si no lleva consigo algún tipo de consideración de la jueza instructora en la que indique que aunque no se apreciasen responsabilidades penales sí observa algún tipo de competencia por parte de las administraciones, empresas aseguradoras de cada una de ellas o la organizadora del evento. De hacerse ese matiz, pese a un hipotético sobreseimiento, los abogados consultados estiman que serían más garantistas los procesos civiles que interpongan los afectados solicitando indemnizaciones por los daños sufridos, el tiempo de baja requerido o las pérdidas materiales registradas en el accidente.