La funcionaria del Sergas acusada de espiar el historial clínico de su hija asegura que actuó así porque la vio mal
VIGO
La demandante niega que diese permiso a la progenitora, a la que acusa de controladora y manipuladora
18 dic 2020 . Actualizado a las 18:48 h.La quinta sección de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, ha comenzado hoy la repetición del juicio a una oficinista del Sergas acusada de husmear en el historial clínico de su hija a través de la red informática del hospital Xeral-Cíes de Vigo entre el 2012 y el 2014. Dado que el juicio anterior fue anulado por el TSXG, un tribunal de Pontevedra presidido por Nélida Cid se ha desplazado a la ciudad de Vigo para reemplazar a la sala titular porque esta está viciada.
El número de accesos ilegales de la funcionaria del Sergas, que llevaba las listas de espera en admisiones, se cifró en 121 pero la Fiscalía la redujo a 68. La acusada M.J.O.A. dijo que tenía relación entre el 2012 y el 2014 con su hija, la cual residió en Canarias, dependiendo de su estado.
Una inspectora del Sergas confirmó en el juicio que comprobaron que existían accesos irregulares al expediente de la demandante porque la madre funcionaria los firmó las entradas a la base de datos como si hiciese una consulta profesional cuando en realidad tenía un fin personal. El Sergas archivó el caso porque la madre alegó que todas las consultas fueron consentidas por su hija y aunque esta lo negó, tampoco acudió a la cita con la inspección sanitaria para ratificarse, por lo que el organismo no logró pruebas de la irregularidad. Poco después, al ver que el Sergas se desentendía, la hija interpuso una querella contra su madre por revelación de secretos, por lo que el caso llegó a juicio.
El Ministerio Público acusa a la madre de un delito de descubrimiento de secretos y demanda cuatro años de prisión y nueve de inhabilitación para la trabajadora del Sergas a la que acusa de realizar 101 accesos a la historia clínica electrónica de su hija, mayor de edad, sin contar con su consentimiento ni con justificación asistencial. La hija pide una pena algo mayor y 15.000 euros de indemnización por daños morales. En el primer juicio, la Audiencia en Vigo absolvió a la funcionaria porque no vio acreditado que no hubiese consentimiento pero el TSXG anuló la sentencia porque encontró fallos a la hora de explicar cómo la sala viguesa llegó a tal conclusión y ordenó repetir el juicio.
Versión de la madre
La implicada admitió que accedía al sistema informático del Sergas con su tarjeta digital con su nombre de usuario y su contraseña. Confesó que accedió al historial de su hija para avisar al médico para que le prescribiese la medicación y ella pudiese ir a la farmacia. Asegura que su hija le solicitó hacer estas consultas por teléfono o personalmente pero no le firmó ningún consentimiento por escrito. También la acompañaba a hacer pruebas al centro sanitario.
La madre contó que su hija atravesaba problemas sentimentales con su expareja desde el 2007, con pleitos por malos tratos, y su madre le ayudaba. Dice que su hija incluso la llamaba de madrugada para que fuese a buscarla cuando discutía con su pareja pues ambos eran consumidores de cocaína. Incluso llevaba a la pareja en coche y los traía constantemente.
Asegura que tenían una relación cordial y que su hija necesitaba que su madre mirase su historial en el ordenador para saber lo que estaba tomando de medicación. Añadió que su hija recibió una paga durante un año como víctima de violencia de género.
La acusada contó que su hija estaba mal, dormían juntas en el dormitorio familiar, y vio como ella tenía pesadillas por ansiedad porque su expareja quebrantaba la orden de alejamiento. La progenitora recordó que todos iban a tomar vinos o salían a navegar todos juntos. La hija quería dejar a su pareja y, según la madre, él la anuló y manipuló. También se preocupó porque su hija adelgazó mucho y estaba mal. Además, tuvo un aborto y sufría psicológicamente.
La funcionaria negó que hubiese accedido sin permiso al expediente clínico de su hija y ni siquiera los pacientes tienen que firmar consentimientos. También negó que borrase ni ocultase o sobrescribiese el expediente ni se lo encomendó a nadie.
Sospecha que su hija la denunció porque está manipulada por una persona peligrosa y porque ha recaído en el consumo y necesita el dinero. La progenitora dijo al tribunal que quiere a su hija pero ella no está bien y ha sido muy doloroso todo esto. La madre está de baja profesional por ansiedad.
Versión de la hija
La hija declaró en el juicio que no tiene relación con su madre y no la ha vuelto a ver desde el 2012. Negó problemas con su pareja aunque necesitaba medicación por sus patologías pero su médico de Canarias no se la podía recetar, motivo por el que la paciente solicitó al Sergas trasladar su expediente clínico. Negó que jamás le solicitó a su madre que le consultase su historial. Al ver su informe clínico descubrió diversas irregularidades como unas anotaciones al margen con la letra de su madre, enfermedades que ella nunca había tenido (como un trastorno de alimentación), le faltaba documentación y accesos que jamás había realizado. Le llamo la atención que los prestamos eran para el servicio de admisión y ella sabía que su madre trabajaba allí.
Pidió una copia al Sergas y denunció posibles irregularidades. Insiste en que nunca solicitó a su madre que consultase el historial e identificó por escrito como sospechosa a su propia madre. En el 2015, el Sergas inició una investigación sin que la hija tuviese constancia de ello. En el 2017 presentó una querella. También rechazó haber sufrido episodios de violencia de género en el 2007 y a partir de ahí no reanudó la convivencia. Se fue de casa a los 19 años con su pareja, con la que tiene una hija.
Acusó a su madre de controladora y manipuladora y dijo que sus padres mandaban ambulancias y a la policía para recogerla porque decían que tenía anorexia e intentaron internarla. Por eso, los denunció. También declaró que la madre se había enterado de su aborto sin ella haber dicho nada.
El hecho de que su madre accediese a su historial le generó ansiedad, miedo de salir a la calle, de tener la sensación de que controlaban su vida y la gente sabía cosas sobre su salud. A día de hoy recibe tratamiento psicológico.
Durante la declaración de la hija, dos hombres sentados al fondo de la sala gritaron que lo que decía era mentira e hicieron gestos de protesta, por lo que la presidenta del tribunal les llamó al orden con amenaza de expulsión.
El abogado de la madre resaltó varias contradicciones en las que, a su parecer, incurrió la hija, la cual negó su condición de maltratada a pesar de haber concedido una entrevista a La Voz declarándose víctima de violencia de género (lo que ella negó en el juicio) y de haber afirmado tal condición en documentos oficiales (pero no reconoció su firma en el juicio). El abogado y el tribunal le recordó que declaraba en condición de testigo y tenía la obligación de decir la verdad y contestar a todo lo que se le preguntase sin ocultar nada.