Más de 78.000 trabajadores de la provincia se han visto inmersos en un ERTE en la pandemia

Luis Carlos Llera Llorente
luis carlos llera VIGO / LA VOZ

VIGO

Luis Carlos Llera

Más de 14.000 empresas y autónomos han tenido que suspender o limitar su actividad desde el mes de marzo

28 nov 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

Más de 14.000 empresas y autónomos han tenido que recurrir al expediente de regulación de empleo temporal por culpa de la pandemia en la provincia de Pontevedra. Del total de casos, hay 13.379 expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor que se han debido al cierre de la hostelería y otras actividades durante la época del confinamiento. Otros 1.039 son expedientes económicos, técnicos organizativos y de producción. El número de trabajadores afectados desde el inicio de la crisis sanitaria alcanza los 78.000 en la provincia de Pontevedra. Son datos cruzados de las bases que manejan despachos corporativos como Balms y Antepazo.

Las cifras se han incrementado en los últimos meses, según las estadísticas disponibles del Ministerio de Trabajo. En septiembre había 15.000 receptores de prestaciones por ERTE en la provincia de Pontevedra que recibieron en total 7,2 millones de euros.

El problema, según Comisiones Obreras, son las personas que se han quedado sin empleo y no reúnen las condiciones para cobrar el paro. La secretaria general del sindicato en la comarca de Vigo, Amelia Pérez, se ha hecho eco de casos de trabajadores de la hostelería de O Val Miñor que se han visto obligados a cerrar y que no están cobrando prestaciones. «Hemos trasladado el caso a la comisión confederal para que consulte con el Ministerio de Trabajo porque hay algunas dudas al respecto», dice.

El abogado laboralista José Ramón Millán asegura que para cobrar el paro se necesita un tiempo de cotización y que el cobro de las prestaciones suele llevar una tramitación lenta porque hay mucho trabajo acumulado, así que a veces tardan «cuatro o cinco meses en cobrar» por un error en un número de la cuenta corriente o del DNI, apunta el abogado Antonio Heredero, socio de Balms.

Fuentes de la Seguridad Social confirman que «hay mucho retraso en las tramitaciones de los ERTE porque hay que ver caso por caso. Algunos trabajadores entran en el expediente y luego salen al cabo de unos días y luego vuelven a entrar. La casuística es muy amplia».

Heredero señala que en estas fechas están aprobando ERTE que se han aplicado a raíz del cierre de la hostelería decretado por la Xunta el 7 de noviembre. «Tenemos dos casos aprobados esta semana. A los trabajadores contratados de este verano y que se les aplica un ERTE por fuerza no se les descuenta el paro». El abogado considera que «el apoyo a los trabajadores está muy bien, pero habría que hacer como en Alemania y respaldar todavía más a las empresas».

Millán, de Antepazo, explica que los ERTE de fuerza mayor tienen que ser autorizados por la autoridad laboral, que tiene que constatar su necesidad. En cambio, los que se solicitan por razones económicas técnicas, organizativas y de producción son por una decisión que adopta el empresario y que tienen que consultar con los representantes de los trabajadores. «Los ERTE a raíz del decreto del 7 de noviembre no afectan solo a la hostelería, sino que habido casos como el de una empresa de recogida de aceites que ha tenido que enviar a sus empleados a casa porque sus clientes, los restaurantes, están cerrados», ejemplifica.