Prefieren salir a la calle sin la protección obligatoria que transmitírselo entre ellos
16 nov 2020 . Actualizado a las 22:15 h.La policía Vanessa Lage falleció en noviembre del 2014 de un disparo. Ella y un compañero interceptaron a un atracador saliendo de una sucursal bancaria. Él, apodado el Escayolista, disparó a quemarropa. La asesino a ella e hirió de gravedad a él. Ninguno vestía chaleco antibalas y la tragedia supuso un punto de inflexión para dotar obligatoriamente con estas prendas a los funcionarios de la Policía Nacional y de cada cuerpo municipal en España. Hoy, seis años después, la realidad en la misma ciudad que fue escenario del crimen varía en función del uniforme que se vista. En la Policía Local el escenario se asienta en lo precario. De los 297 funcionarios activos, 70 hacen servicios de oficina y 220 de calle. Cada uno, tiene la obligación de salir a calle vistiendo uno.
Lo dice el Ministerio del Interior y lo dijo hace un año la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida, entonces y ahora, por el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Pero la realidad revela que de los 52 chalecos antibalas y antipunzones disponibles, 30 se entregaron a sendos funcionarios para uso individualizado. Los 20 restantes son los que están disponibles para el que desee utilizarlos, sin diferenciar entre hombres y mujeres. Así se fue trabajando hasta que la pandemia lo cambió todo. Ya sea por el sudor que transmite cada funcionario, o por otros motivos, lo cierto es que la plantilla ha renunciado a utilizarlos por miedo a contagiarse de covid-19. Incluso un funcionario optó por comprar con su dinero uno para utilizar en horario de trabajo.
Cuenta pendiente
Pero más allá de la pandemia, la falta de chalecos antibalas es una de las cuentas pendientes, siendo de las más baratas, de este Gobierno local. Sus presupuestos de los últimos años son la mejor evidencia, pese a las promesas en forma de partidas económicas que ven pasar los hace años sin ejecutarse ni una. Los presupuestos municipales del 2017 fueron los primeros en incluir un gasto específico. 40.000 euros se reservaron que, al finalizar el año, seguían sin ejecutar. En el 2018 se destinó aún más dinero, 68.000 euros. Sí se gastaron 17.000 para reponer el material ya demasiado gastado e inservible para su cometido. Los 51.000 euros restantes se mantuvieron en las arcas municipales. Idéntico a lo ocurrido en el 2019 con los 40.000 euros comprometidos pero nunca invertidos. Este año se fijó en 45.000 euros la cantidad a gastar, y, ya en noviembre, no consta que se gastara ni el primer euro.
A mayores, explican en la plantilla, no pocas prendas presentan un deterioro desde hace años: parcheados con cinta aislante, las costuras que albergan las placas metálicas descosidas o la falta de tallas hacen más difícil un correcto uso. Ya para el 2021, y según las cuentas presentadas recientemente, la cifra se dispara. 70.000 euros, la más alta de las comprometidas hasta ahora. Pero solo el alcalde, Abel Caballero, y la concejala de Seguridad Ciudadana, la exministra Elena Espinosa, saben realmente si dotarán a sus funcionarios de una herramienta de trabajo tan fundamental como la pistola.
El malestar generalizado campa en la plantilla por otros motivos también. Uno, según explican fuentes sindicales, tiene que ver con la desinfección de los coches. Al menos ocho agentes consultados que los usan cada semana aseguran que no se desinfectan desde hace días sin que nadie, en el Ayuntamiento, corrija la situación.