La administración local de Vigo deberá pagar una sanción de 21.520 euros
10 nov 2020 . Actualizado a las 05:00 h.El TSXG ha ratificado en una reciente sentencia que el Concello de Vigo tiene que pagar una multa de 21.520 euros por la falta de control de la calidad del agua que consumen los ciudadanos en sus domicilios. La Xunta sancionó a la administración local tras comprobar irregularidades en la gestión del abastecimiento, hasta el punto de que en numerosas ocasiones las analíticas calificaban el agua como no apta, sin que se comunicara esta circunstancia a las autoridades sanitarias.
El alto tribunal gallego confirma una sentencia en primera instancia que desestimó un recurso del Concello contra tres infracciones graves y una leve que le impuso la dirección xeral de Saúde Pública.
Los jueces han aceptado todos los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada.
Confirman que el Concello viene incumpliendo la normativa en materia de agua desde el año 2011. La Xunta requirió en 2012 al Consistorio que adoptase las medidas precisas para asegurar la realización del control de calidad del agua en el grifo del consumidor, así como la elaboración periódica de informes sobre los resultados obtenidos.
En 2016 también se volvió a dirigir al Ayuntamiento para que corrigiera las deficiencias observadas en una inspección. Concretamente, decían que no se habían realizado la totalidad de los análisis en el grifo del consumidor, ni se habían realizado por parte de un laboratorio acreditado.
Los datos de los análisis no figuraban en el Sistema de Información Nacional de Agua y Consumo. Tampoco constaba la realización de controles de agua en los locales establecimientos y domicilios construidos antes de 1980.
Analíticas
Los servicios técnicos revisaron las analíticas de agua de 2016 y 2017 y comprobaron que sigue sin existir un laboratorio acreditado. No pudieron considerar como controles en el grifo del consumidor un total de 29 boletines que corresponden a muestras recogidas en la salida de las estaciones de Casal y de Valadares. Además, no en todas las analíticas se determina el metal de la instalación interior. Se detectaron además un total de 24 analíticas que califican el agua como no apta y otras 31 como apta con no conformidad. Ninguna de ellas fue confirmada en el plazo de 24 horas y tampoco se comunicaron a la autoridad sanitaria.
La sentencia del TSXG confirma como infracciones graves la ausencia de certificación del laboratorio, la falta de determinación de metales en las analíticas de control y la falta de notificación a las autoridades sanitarias de los analíticas que indicaban que el agua no era apta para el consumo Las dos primeras conllevaban una sanción de 6.010 euros, mientras que la segunda un total de 8.000. Por último la sanción leve por no publicar los datos en el sistema de información nacional conlleva una multa de 1.000 euros.
El fallo hace responsable al Concello de todas las irregularidades detectadas y considera que están tipificadas en las normativa vigente y que las cuantías económicas que fueron impuestos son proporcionales a la gravedad de los hechos que fueron denunciados.