La pandemia no da tregua a los morosos: 106 desahucios y 5.000 reclamaciones de deuda

Los acreedores demandan tanto como hace un año pese a que el resto de pleitos cae el 11 % por el covid


Vigo / la voz

No hay tregua para los morosos ni en tiempos de pandemia. Tras el parón judicial por el confinamiento, en Vigo ya se han realizado un centenar de desalojos de inquilinos por impago de la renta. Además, los fondos buitre han presentado casi 5.000 monitorios (reclamaciones exprés de dinero) contra clientes que pidieron préstamos al consumo. La crisis sanitaria no ha bajado el ritmo de las reclamaciones de deudas.

Desde que empezó el confinamiento, en marzo, hasta el 1 de octubre, los caseros presentaron 132 desahucios y se ejecutaron 106. Son desalojos de inquilinos que no pagaron el alquiler. Algunos relatan a sus abogados de oficio que eran trabajadores que en marzo se quedaron en el paro por un ERTE y no tienen dinero para pagar la renta. Aunque hubo una moratoria durante el estado de alarma, a partir del verano los propietarios volvieron a pasar los recibos del mes pero muchos seguían sin ingresos.

Mientras duró el confinamiento, la comisión judicial solo acudió 25 veces entre marzo y mayo a cambiar la cerradura de los pisos alquilados para entregarlo vacío al dueño. La primavera anterior hubo 169 desalojos, siete veces más. Tras el parón judicial llegó la nueva normalidad y la oficina de Embargos y Notificaciones ejecutó 81 desahucios entre julio y octubre.

El secretario de este servicio común, Fernando Varela, explica que en el tercer trimestre entraron 111 órdenes de lanzamiento. «Ahora entran más porque son casos que se venían arrastrando desde marzo. Va a pasar como con la huelga de funcionarios de hace dos años, que al no tramitarse durante el parón, llega todo junto después. Esto va a seguir», augura.

El perfil del desahuciado es «gente que no puede pagar el alquiler y el acreedor es un particular, hay poco banco». Vio algún desalojo de locales, pocas hipotecas y casi nada de okupas.

El procurador Jesús González-Puelles, que acaba de ser elegido presidente de la mutualidad del colectivo, presenció dos ejecuciones de desahucio. No llegó a ver a los inquilinos porque ya se habían cambiado de casa. Eran rentas de 300 o 400 euros. Resalta que una norma dice que si el inquilino no paga el alquiler por algún problema económico especial puede pedir ayuda a los servicios sociales del Concello. Cree que pocos usan esa posibilidad de ser derivados a la asistencia.

Pleitos por deudas

En los juzgados de lo civil, especializados en deudas y divorcios, el parón de tres meses por el covid hizo descender la actividad un 10,9 % respecto a hace un año. De 15.604 asuntos se pasó a 13.911 en lo que va de año. Sin embargo, hay un tipo de pleitos que van viento en popa incluso en plena pandemia: las demandas presentadas por los acreedores para reclamar cantidades por impago. En su mayoría, son fondos buitres que compraron a precio de saldo lotes de deuda a las financieras de consumo de concesionarios, hipermercados o renting y quieren recobrarlas.

Estos acreedores han presentado en lo que va de año 4.929 reclamaciones de deudas por el procedimiento exprés (el llamado monitorio) contra morosos. Solo son 15 asuntos menos que hace un año por lo que la pandemia apenas retrasó su actividad.

«La mayoría de los monitorios los presentan los fondos buitre, los mandan por oleadas, una vez llegó al juzgado una furgoneta con 500 demandas para meterlas a la vez», dice González-Puelles.

Estos fondos, asentados en Luxemburgo, Irlanda o Malta, reclaman a clientes o usuarios el pago de compras en un centro comercial con su tarjeta de crédito, un préstamo bancario para el coche o los recibos de agua o teléfono.

Todas las variedades de pleitos de deudas suman 8.674 demandas en diez meses, solo 437 menos (4,7 %) que hace un año.

¿Cómo cabe interpretar los 5.000 monitorios presentados en plena pandemia? González-Puelles da una pista. A diferencia de la crisis del ladrillo del 2008, las empresas ya no pagan con pagarés ni los consumidores con letras de cambio. Ahora, el cliente pide créditos al consumo a las financieras y, si es incobrable, estas revenden la deuda al fondo buitre, que la reclama en el juzgado.

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