Alfonso Rueda asegura que ningún denunciado por no llevar mascarilla se quedará sin recibir una multa
VIGO
La Xunta estudia cuál es la administración con las competencias y, si no es ella, ayudará a los ayuntamientos
06 oct 2020 . Actualizado a las 05:00 h.Los ciudadanos que infrinjan las normas sanitarias para prevenir los contagios de coronavirus posteriores a la declaración del estado de alarma no se van a quedar sin pagar las multas que les correspondan por culpa de una «arquitectura jurídica mal construida». Lo dijo ayer el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, que asegura que los plazos de vigencia son todavía muy largos como para que caduquen las sanciones. Lo que la Xunta aún no tiene claro es qué administración las tiene que cobrar.
El responsable autonómico se comprometió a que los expedientes sancionadores se tramitarán antes de las posibles prescripciones. El alcalde, Abel Caballero, sí está convencido de a quién le corresponde este cometido. «Es una competencia autonómica», afirmó ayer. El gobierno autonómico estudia en la actualidad la delimitación de estas competencias. Rueda reconoció ayer que se trata de una situación nueva para todos y hay que establecer quién articulará los mecanismos sancionadores y cómo tienen que tramitarse dichas denuncias. Asegura que lo están acabando de acotar jurídicamente. El objetivo es que «el peso de la ley y el pago de las sanciones recaiga sin ninguna duda sobre esa gente que pone en riesgo la salud de todos por actitudes irresponsables».
Con independencia de que le corresponda o no la competencia concreta para sancionar o tramitar las denuncias, la Xunta ofrecerá su ayuda a todos los concellos, y especialmente a los que tienen poca capacidad para realizar ese procedimiento complejo, de manera que «ningún infractor quede sin sanción», asegura Rueda. «Ojalá baje el número de denuncias porque los posibles infractores se dan cuenta de que causan un perjuicio enorme, pero, en todo caso, como irresponsables siempre hay, las administraciones estamos actuando coordinadamente», dijo.
En Vigo, hay un número aproximado de 150 denuncias cuyos procedimientos aún no han podido culminar con las correspondientes multas. Son de ciudadanos que no cumplían la obligación de llevar mascarilla. La oficina administrativa de la Policía Local se ve incapaz de tramitar los expedientes sancionadores al carecer de una ordenanza. A medida que entraba una multa nueva, se remitía a la Consellería de Vicepresidencia. La Xunta interpretó desde el inicio que cada corporación tenía que aprobar una ordenanza propia para regular estas infracciones y otras derivadas del covid. Se guiaba por la ley gallega de salud de 2008. Ya con las multas otra vez en Vigo, al ser devueltas desde Santiago, la Policía Local derivó al departamento sanitario del Ayuntamiento.
El mismo escenario afecta a buena parte de los municipios. La ley dice que los concellos pueden sancionar al amparo de sus ordenanzas municipales. El objetivo es aclarar a quién le corresponde para que los infractores no puedan utilizar resquicios legales para que les retiren las multas.
150
De la Policía Local
Es el número aproximado de las expedientes abiertos por los agentes tras la alarma.