«Se hicieron contratos verbales para servicios hasta que pudimos licitarlos, porque no había otra forma de prestarlos»

Monica Torres
Mónica Torres O PORRIÑO

VIGO

Oscar Vázquez

La alcaldesa de O Porriño, Eva García, presta declaración como investigada por supuesta prevaricación

05 oct 2020 . Actualizado a las 18:44 h.

«Se hicieron contratos verbales para servicios básicos hasta que pudimos licitarlos, porque no había otra forma de prestarlos». La alcaldesa de O Porriño, Eva García de la Torre sostiene que los contratos que investiga el juzgado de instrucción Número 2, fueron verbales «porque la Ley nos obliga a prestar unos servicios sí o sí y, evidentemente, cuando no tienes otra forma de prestar el servicio, vas a contratos verbales hasta que se pueden licitar». La regidora aseguró sentirse satisfecha aunque «cansada tras un exhaustivo interrogatorio de tres horas», al que se sometió esta mañana y en el que, señala, «contesté a todas las preguntas que me plantearon». Considera que las denuncias por supuesta prevaricación en contratos, «son un ardid político». «El PP quiere descabalgarme de la alcaldía, pero no de cualquier manera si no rompiendo la imagen y, toda la oposición que hace es a través de los juzgados», señaló tras abandonar la sede judicial pasadas las tres de la tarde. La regidora señaló  que «una cuestión es que haya una irregularidad administrativa y otra cosa es que haya la intención de cometer un delito». De la Torre manifestó que «por una cuestión similar fue absuelto el ex alcalde». «Yo creo que la justicia es justicia siempre y lo que no era delito para uno no lo será para otros, con independencia de que hayamos tenido que ponerlos las pilas y adjudicar los contratos con sus licitaciones correspondientes, en concurrencia e igualdad». La alcaldesa dice que cuando llegaron al gobierno local se encontraron con los presupuestos prorrogados desde el 2012, que se habían amortizado 28 plazas y que no tenían personal para limpieza viaria, ni desbroces ni jardines. «La forma de hacer del PP era a través de una modalidad contractual que se llama colaboración social, que sirve para dar trabajo a persona que estén en paro de larga duración, Pero nosotros vimos cerrada esa fórmula, porque ya había jurisprudencia y la Xunta te la deniega o concede para causas muy concretas y advierte que no puede usarse para servicios permanentes del Concello», sostiene la alcaldesa señalando además que «había en este concepto un gasto recurrente de unos 800.000 euros anuales, para los que se hacían reconocimientos extrajudiciales de crédito». Afirma también que «la forma de hacer del PP era recurrir a empresas amigas». A día de hoy, concluye, «casi todos los servicios están ya adjudicados o en su última fase de licitación».