López Veiga se quedó solo en su pretensión de extinguir la concesión para abrir el concurso a otras opciones que no sean el sector naval
31 jul 2020 . Actualizado a las 17:41 h.No hay decisión sobre la concesión de Vulcano. El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo ha aplazado la decisión que iba a tomar el consejo de administración de la institución sobre estos terrenos de dominio público que ocupa el histórico astillero. López Veiga «se ha quedado solo» en su pretensión de que el consejo se pronunciara al respecto, una vez que el Consejo de Estado ha avalado en un dictamen su tesis de que la concesión se ha extinguido al estar incurso Vulcano en un proceso de liquidación, según recoge Efe.
Este era uno de los puntos del orden del día de la reunión del consejo que se está celebrando este viernes de forma telemática.
El Puerto de Vigo remitió al Juzgado de lo Mercantil 3 de Pontevedra un escrito asegurando que propondría al consejo de administración que declarara la extinción de la concesión de Vulcano. Además advirtió que dado que la compra del astillero incluye la citada concesión como uno de sus activos y hay posibilidades de que no se así, se le traslade esta situación a la empresa de José Alberto Barreras, interesada en adquirir la firma.
El consejo de administración de hoy resultaba decisivo para reactivar la construcción naval en la ría o para mantener en barbecho y deteriorándose los astilleros Vulcano durante una larga temporada en la que las disputas en los tribunales pueden perpetuar las brumas sobre la construcción naval.
El presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique López Veiga, intentó convencer a los miembros del consejo, a través de una conferencia telemática, de que aprobaran la rescisión de la concesión de Vulcano. Todo ello con el apoyo del abogado del Estado, Juan José Vázquez Seijas, quien solicitó un informe al Consejo de Estado que preside María Teresa Fernández de la Vega, que fue vicepresidenta del Gobierno con Zapatero.
Informe no vinculante
El Consejo de Estado avala la rescisión de la concesión en un informe que no es vinculante para el consejo de administración. López Veiga quiere sacar de nuevo la concesión a concurso, de manera que tengan opciones otras empresas que se dedican al movimiento de mercancías en contenedores y otro tipo de sociedades. El presidente de la Autoridad Portuaria va a intentar persuadir a los representantes de la Xunta, a la que debe su cargo, para que respalden su tesis. Aunque el conselleiro de Industria, Francisco Conde, siempre se ha pronunciado en público a favor de la construcción naval, no está en el consejo de administración. Corina Porro, que sí figura en él, no ha prefijado su postura. Tampoco ha querido desvelar el sentido de su voto otro representante del Gobierno gallego en el Puerto, Alfonso Rueda. En la misma línea de no mojarse mucho se encuentra el secretario general del PSOE provincial y delegado del Consorcio de la Zona Franca, David Regades. El responsable de dinamizar la economía de la ciudad se ha limitado a decir que desde Zona Franca apoyarán a las empresas, sin aclarar si estas deben ser del sector naval o de logística.
El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, también se cubre las espaldas y aunque asegura que apuesta por la construcción naval deja claro que antes «habrá que ver qué dicen los juristas».
Estas posturas contrastan con la de otros representantes del consejo como la CIG o la Confederación de Empresarios de Pontevedra, cuyo presidente Jorge Cebreiros, apuesta decididamente por la construcción naval. Lo mismo sucede con la Federación de Usuarios del Puerto de Vigo. Dentro de este colectivo está la Cooperativa de Armadores, Arvi, su presidente, Javier Touza también se ha manifestado a favor del mantenimiento de la construcción naval. Vendría de la mano de la empresa Marina Meridional propiedad de José Alberto Barreras, que ha presentado una oferta para astillero 7,8 millones de euros que tiene que entregar ante notario el próximo día 22 de septiembre. Si no lo hace perderá el derecho a hacerse con la unidad productiva y la concesión de los terrenos que, a pesar de lo que puede decir hoy el consejo de administración, le ha sido otorgada por el juzgado de lo mercantil en virtud de una decisión de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Si la decisión que toma el Puerto es contraria a la resolución judicial se puede producir un litigio que alargue el problema de la quiebra del astillero durante muchos meses. Y los trabajadores seguirán sin cobrar los 3 millones que les adeudan. Por eso los sindicatos también se oponen a la rescisión. El administrador está dispuesto a dar la batalla jurídica y el Puerto, también, La decisión del juez mercantil puede ser recurrida, aunque eso no pararía la venta. Solo cabe un largo recurso contencioso
Personada
La administración concursal se personó en el informe pedido al Consejo de Estado y todavía no he recibido notificación oficial. La burocracia y el comienzo de las vacaciones judiciales hace que este asunto no se pueda resolver hasta septiembre. La administración concursal quería que todo estuviese adjudicado el 3 de septiembre pero el ofertante pidió de margen hasta el mes de marzo. Finalmente el juez estableció como el 22 de septiembre. Ese día Alberto Barreras tendrá que consignar todo el montante ante el notario. Si no lo hace, el procedimiento de adjudicación se alargaría todavía más y bajaría la cantidad exigida para hacerse cargo de las instalaciones.
