López Veiga mantiene el pulso para rescindir la concesión de Vulcano

Luis Carlos Llera Llorente
luis carlos llera VIGO / LA VOZ

VIGO

XOAN CARLOS GIL

Caballero se alinea con los sindicatos y Asime para que perviva el naval

29 jul 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

El pulso por los terrenos de Vulcano está echado entre el presidente del Puerto de Vigo, Enrique López Veiga y los sindicatos y la patronal del metal, Asime. Una sentencia de la Audiencia Provincial resolvió que la venta de la unidad productiva debía incluir la concesión, que expira en el 2027, y el juzgado mercantil de Vigo está tramitando la subasta, a la cual solo se ha presentado el grupo Argos. A pesar de esa sentencia, López Veiga quiere llevar la resolución para liquidar la concesión de Vulcano al consejo del Puerto del viernes, amparado por un dictamen no vinculante del Consejo de Estado que le da la razón.

El consejo de administración del Puerto tendrá que decidir el viernes si extingue o no la concesión administrativa al astillero. La asociación de industrias metalúrgicas (Asime) y los tres principales sindicatos: Comisiones Obreras, UGT y CIG se han posicionado en contra y piden que este asunto se aplace en el orden del día.

El presidente del Puerto, Enrique López Veiga, apuesta por crear más espacio para logística portuaria, es decir para movimiento de contenedores y mercancías. López Veiga asegura que esta actividad genera empleo.

El secretario general de Asime, Enrique Mallón, recuerda que el astillero de Teis creó 1300 puestos de trabajo de empleo directo en sus mejores momentos y asegura que la logística apenas da trabajo en el muelle ya que el número de estibadores es bastante reducido comparado con los trabajos que crea la construcción naval. «Es mentira que la logística genere tanto empleo», recalca Mallón. Asime demandará que los miembros del consejo «hagan lo posible» en esa reunión para evitar que se recupere la concesión de los terrenos, que el Consejo de Estado, en un informe firmado por María Teresa Fernández de la Vega, que fue número dos de Zapatero, considera extinguida. El dictamen está dirigido al ministro de Transportes, José Luis Ábalos que tiene la última palabra.

«No nos vale con que se abstengan o se remitan al dictamen del Consejo de Estado», advierte Mallón que insiste en que el dictamen tiene un carácter consultivo y no de obligado cumplimiento. Critica que se haya filtrado este documento dirigido al ministro y reprueba que el presidente del Puerto haya opinado pese a que «partes implicadas aún no conocen ese informe de modo oficial».

Asimismo, el también presidente de la Federación de Usuarios del Puerto de Vigo criticado que en la reunión de este viernes se vayan a abordar concesiones durante 50 años «del 100% de los mejores terrenos» portuarios y se ha preguntado si se busca «privatizar» el espacio. Insistió en que ante la próxima constitución del Gobierno gallego, que nombra al presidente del Puerto, no resulta adecuado tratar esta concesión y la de Vulcano.

El alcalde de Vigo y miembro del consejo, Abel Caballero, esperará a conocer el planteamiento de los servicios jurídicos del Puerto, aunque su posición inicial «está muy cercana a lo que plantean los sindicatos», que reclaman el mantenimiento de la actividad naval. «Nuestra posición es a favor de la industria», ha asegurado tras incidir en que Vigo precisa de su «fortalecimiento». Caballero se reunirá con los sindicatos esta semana.

«Fundamental»

Los representantes sindicales de Comisiones Obreras, UGT y CIG han emplazado al consejo de administración a seguir apostando por la construcción naval en la ría de Vigo. El secretario general de Industria de CC.OO. de Vigo, Celso Carnero, considera «fundamental» disponer de instalaciones de reparación naval en la ciudad, ya que estas labores se llevan a cabo en el puerto de descarga.

Su homólogo en UGT, Rubén Pérez, ha destacado que existen ofertas que «denotan el interés por mantener la actividad industrial» y pide «fortalecer» el sector.

El secretario de Industria de la CIG, Xulio Fernández, ha resaltado que el cumplimiento del dictamen del Consejo de Estado no resulta «obligatorio».