Los abogados de Déborah Fernández acusan a la Policía Nacional de ocultar pruebas para no resolver su crimen

La familia de Déborah Fernández-Cervera no confía en los investigadores de la Policía Nacional que, sin éxito, buscan al asesino de la joven desde el 2002, que se cometió el crimen. Era pública, hasta hoy, la tensa relación entra ambas partes, pero ahora es oficial y cargada de reproches, algunos punibles. Sobre todo tras la rueda de prensa ofrecida por los dos abogados y criminólogo contratados para llegar a donde no ha llegado la Policía Nacional. Pero tampoco los siete jueces y tres fiscales por los que pasó el procedimiento.

El letrado Ramón Amoedo ejerció de portavoz siguiendo un discurso leído para no caer en errores que se volvieran contra la acusación particular que lidera con su hermano Ignacio. El discurso habla de «negligencias», «investigación paralizada» y «absoluta falta de sensibilidad con la familia». Pero no solo en la Policía Nacional, también en el Ayuntamiento de Vigo, que ni los recibe.

Más concretos fueron con la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, que, según se dijo, «prometió hace meses organizar una reunión con el comisario de Vigo y aún hoy seguimos esperando». Pero más allá de los tratos personales, incluso de las consideraciones sobre cómo se llevó y lleva el caso en la Policía Nacional y la causa en el Juzgado número 2 de Tui, para el equipo procesal que forman familia, abogados y criminólogo, el contenido de la comparecencia, que duró más de dos horas, incluyó, según lo dicho y la documentación aportada, un reguero de errores policiales que mermaron el caso desde el primer día.

Sobre todo en lo referido al principal sospechoso, su novio entonces, que no está imputado y al que se refieren con el mismo nombre que recibió el caso, Arcano (algo muy difícil de conocer por ser recóndito, secreto o reservado). Se parte de la base, al cruzar declaraciones de testigos, que muchos mintieron y nadie detectó contradicciones; se añade que presentaron escritos y escritos señalando errores «evidentes» que cayeron en saco roto al considerar la Fiscalía que no son necesarios. «Por eso hacemos una investigación paralela dado que no sabemos qué hizo y hace la Policía Nacional», añade Ramón Amoedo, que sí puso en valor del trabajo policial realizado por la unidad que llevó el asunto en el 2010. «Hicieron dos atestados muy claros que señalaban con nombre y apellidos a Arcano y en el que se pedían más pruebas que lo ubicaban como único sospechoso.

Lo más curioso, añade Amedo, es que «el mismo día que llegaron al juzgado se archivó la causa». Se pone el foco en las preguntas realizadas a las amigas de la víctima, a las que se preguntó por los vicios y aficiones de Déborah, «pero no qué hizo en los días previos a la desaparición». Más curioso resulta que el único sospechoso, su entonces novio o ya exnovio, no está claro, no fuese interrogado de forma inmediata, y sí de días después. «Tampoco resultó sospechoso, al ser alertados de que el maletero olía muy mal, que no se revisase a fondo, pese a que un agente fue con él hasta el coche y le valió la excusa de que llevaba una caja de langostinos que se pudrieron. Otros argumentos aportados, y justificados con documentación, sobre el contenido del móvil de Déborah, de su ordenador, la coartada del único sospechoso, se pusieron igualmente sobre la mesa para concluir que la joven, desde su muerte, pasó ocho de diez días al frío o un espacio carente de oxígeno para evitar su descomposición. Luego, «con él ánimo de engañar a la Policía Nacional creando una escena del crimen falsa, tampoco se solicitaron todas las pruebas necesarias que, según las evidencias, tendrían que haberse pedido».

Ahí, gran parte de la culpa se otorga a la Policía Nacional, en parte, «por no notificar al juzgado informes valiosos y otras pruebas que sí tenían y que aún hoy ocultan». Es por eso que la familia de Déborah Fernández-Cervera ya avisa de que aunque prescriban los hechos, seguirán investigando.

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