Vigo: La falta de vacaciones tiene extenuados a los escasos bomberos

La sucesión de sentencias judiciales a favor de los bomberos no ha cambiado la situación de «esclavitud» en la que lleva asentada la plantilla un año y medio. Ellos siguen sujetos al mismo decreto y esperando por una mesa de negociación aplazada esta semana por las vacaciones de un responsable del departamento municipal. Precisamente del descanso estival es de lo que más se habla estos días en los parques de Teis y Balaídos. Estos profesionales ven cómo se agota julio y ya dan por hecho que en agosto seguirán subidos al camión. El motivo son las vacaciones todavía sin disfrutar del 2019. Afecta a un 30 % de la plantilla, pero arrastra al 100 % al plantear las del 2020.

«Hablamos de que tres de cada diez compañeros que aún no disfrutaron las del año pasado, se les debe, y hace que a la totalidad de la plantilla se le estén denegando porque la prioridad es dar las pendientes del ejercicio anterior», explica el delegado de la CIG, Miguel Uclés, que recuerda la precariedad laboral del departamento, constatado en dos sentencias judiciales que obligan a anular el polémico decreto que aún les impone trabajar sin derecho a descansos. El gran problema es que no se atisban soluciones en el horizonte. De entrada porque los permisos para disfrutar las del 2020 se están aplazando a septiembre, y la previsión de los servicios de emergencias, por la situación sanitaria, requerirá mucho más su presencia.

«Sabemos en esas fechas será muy complicado coger vacaciones, por eso la previsión nos lleva ya al 2021». Los cálculos sindicales dibujan un panorama aún más negro. «Hablamos de que las vacaciones son un derecho fundamental que no se puede sustituir por dinero. Pero atendiendo a la oferta pública que nos encontraremos, posiblemente hasta el segundo semestre no se podrán dar vacaciones a la plantilla, lo que hará que se junten con las de ese ejercicio y seguirá complicando todo mucho más». De ahí el enfado de esta semana en el seno de los bomberos al conocer el aplazamiento de la primera reunión con el Ayuntamiento para reconducir este enquistado conflicto laboral. «Fue la ausencia del jefe de seguridad, que sí está de vacaciones. Eso provocó el aplazamiento de la convocatoria sin saber qué día se reanudará», concluye Uclés.

Negro sobre blanco

Más allá del análisis en clave sindical, la realidad oficial, al menos la que no debería ocurrir, la exponen de forma clara las dos sentencias favorables de los juzgados de los contencioso de Vigo para los bomberos y condenatorias para el Ayuntamiento. Sobre todo para el concejal Carlos López Font, firmante del decreto «esclavista» impuesto hace año y medio, precisamente, para suplir la falta de efectivos. Entonces era el concejal de Seguridad Ciudadana, ahora, ese cargo, lo ocupa Elena Espinosa. El último fallo judicial, del TSXG y conocido este mes, deja claro que «no se cuestiona la necesidad del Ayuntamiento de Vigo de dotar de efectivos» el servicio, hasta completar los 20 mínimos establecidos, pero «lo que no es correcto (...) es que se proceda sin más a autorizar al jefe de servicio de manera genérica a suspender los descansos del personal».

Pero ambos textos no se quedan ahí. Aseguran de forma clara que el decreto impugnado no fue tratado en «ningún proceso de negociación», pese a que afecta a las condiciones de trabajo de los bomberos, modificando el calendario laboral, los horarios y las jornadas de los funcionarios. Para la jueza, es «evidente» que la decisión fue «impuesta» por el Ayuntamiento y se adoptó de manera «unilateral». . Se incide, a mayores, en que «el hecho de que los bomberos tengan turno continuado de trabajo de 24 horas debe entenderse como trabajo nocturno» y, por tanto, «no es ajustado a derecho que a dichos trabajadores se les encomiende la realización de horas extraordinarias de carácter estructural».

También se pone el foco en que «resulta muy revelador» que la propia técnica de prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento recomendó, ya en 2017, que ningún bombero realizase horas extras, a la vista de la cantidad de accidentes laborales que se producían.