La Guardia Civil destruye cada año un millar de armas de fuego en la provincia

Hay proliferación incontrolada de pistolas y escopetas


Pontevedra / LA Voz

El año pasado la Guardia Civil destruyó 86.566 armas en toda España, de las que más de 62.000 eran de fuego. En el caso de la Comandancia de Pontevedra, las actuaciones llevadas a cabo ponen manifiesto que, anualmente, se destruyen cerca de un millar de pistolas, revólveres, escopetas... Los datos ofrecidos por el instituto armado reseñan que si en el 2019 fueron 954 las reducidas a chatarra, un año antes se alcanzó una cifra similar, 955.

Desde la Guardia Civil aluden a la conferencia internacional del 2001 para poner de manifiesto «la preocupación por la fabricación, transferencia y circulación ilícitas de armas pequeñas y ligeras», pero también «por su acumulación excesiva y proliferación incontrolada en muchas regiones del mundo». Inciden en que estas circunstancias tienen «consecuencias humanitarias y socioeconómicas de muy diversa índole y supone una grave amenaza para la paz, la reconciliación, la seguridad, la estabilidad y el desarrollo sostenible en los planos individual, local, nacional, regional e internacional».

Las unidades de Intervención de Armas y Explosivos que la Guardia Civil tiene materia en este ámbito «controlan el acceso legal a las armas», toda vez que la normativa vigente en España establece unos requisitos muy concretos para que una persona pueda acceder legalmente a un arma, como la carencia de antecedentes penales o la superación de una serie de pruebas teóricas y prácticas sobre el uso y manejo de las mismas.

Para prevenir el uso indebido de una carabina o un revolver, está recogido que cuando el titular deje de tener derecho a su tenencia y uso, sean inutilizadas o destruidas. La normativa se endureció en el 2011.

Hasta hace nueve años, «la inutilización solo afectaba al cañón del arma de fuego, de manera que con su sustitución se estaban rehabilitando armas inutilizadas para su uso con finalidades ilícitas», apuntan desde la Asociación de Entidades de Caza de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, con la normativa del 2011 se decretó que el proceso afectase «a todas las piezas fundamentales de esta, siendo imposible volver a usarla con plena capacidad de funcionamiento», apuntan desde el instituto armado.

Proceso de inutilización

El protocolo establece diferencias en función de tipo precisando qué actuaciones se tienen que llevar a cabo en el cañón, el tambor, el armazón -en el caso de pistolas- o el silenciador, entre otras piezas. A modo de ejemplo, en el caso del cerrojo se especifica la retirada del percutor soldando su orificio, así como el fresado de la cara de esta pieza, mientras que en el supuesto de los sistemas automáticos se debe destruir el pistón y el sistema de gas por corte o soldadura, entre otras medidas.

La legislación permite que un particular puede conservar en su domicilio, acompañadas del correspondiente certificado, armas inutilizadas. La Guardia Civil precisa que, en el caso de que se tengan que destruir, las piezas son «reducidas a chatarra mediante un proceso de fundición o similar».

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